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06 de Setiembre de 2018

 

Recuperar lo robado

Por Edwin Brítez

En todo proceso de derrocamiento de usurpadores del poder y la correspondiente restauración de la democracia hay un alto componente de lucha contra la corrupción y este capítulo tiene un aspecto muy complicado que consiste en la dificultad de recuperar los bienes y recursos públicos robados, y si consigue algo es generalmente en base a la fuerza, no a la justicia.

Esto es así dado que se ha complicado la naturaleza del crimen: Hoy ya no es como antes que el funcionario venal cargaba en una bolsa el dinero de la recaudación estatal y la trasladaba a su casa para utilizar el dinero en gastos personales.

Tampoco ya es igual el perfil del ladrón del dinero público. Hoy el corrupto es parte de un esquema, de todo un sistema político-administrativo-mafioso en el cual nunca opera en forma solitaria. Si lo hace es un suicida que el propio sistema se encarga de él, por una especie de principio de competencia desleal.

Lo que está sucediendo con la caída de los corruptos se puede considerar una hazaña ciudadana a pesar del Estado, un logro del componente participativo de la democracia con resultados concretos que algunos quieren ver como una agresión al Estado de derecho, sin entrar a considerar que en realidad la mayor agresión al estado de derecho es la impunidad.

En consecuencia, cuando cae un corrupto del sistema como efecto de los escraches es una derrota parcial de la impunidad que genera preocupación en los demás componentes del club de la corrupción. ¿Por qué es parcial la derrota? Porque el castigo de separarlo del cargo es solo una sanción política y no penal, además de no concretarse la devolución de lo robado o no resarcir a las víctimas del crimen.

De ahí que en la categoría de “castigos” que imponen los escraches, entre pérdida de investidura y renuncia, es más significativo que en el caso de los parlamentarios se concrete la pérdida de investidura antes que la renuncia porque esta es un acto que con el tiempo queda confundido entre la presión de los mandantes y la voluntad del renunciante, que lo habilita en el futuro inclusive a intentar de nuevo la reelección.

Sin embargo, con la pérdida de investidura, son los propios pares (colegas) quienes se ven obligados a sancionar al corrupto por haber deshonrado la misión de representar al pueblo y al hacerlo, muchos de los sobrevivientes se ponen la soga al cuello. En la lista de “escrachables” hay varios que votan por el castigo y reúnen al mismo tiempo las condiciones para seguir la suerte de Ibáñez, González Daher y Oviedo Matto.

Muy a pesar de las opiniones interesadas en el sentido de que los escraches no cuadran con los procedimientos jurídicos para sancionar, el método es sin embargo saludable para una democracia imperfecta como la nuestra, donde la justicia es funcional a la política y esta es funcional a la corrupción cuyo manto de protección es la impunidad, lugar común de aterrizaje final de todos los casos de robo a la cosa pública.

Además, es bueno que los ciudadanos escrachadores se dispongan a continuar con esta modalidad de repudio porque al final de cuentas la única devolución de lo robado al pueblo que tal vez se logre con ello sea la DEVOLUCIÓN DE LA INVESTIDURA, valor que si bien carece de justiprecio tangible es posiblemente la inversión más importante de la soberanía que se deposita en confianza a una persona para hacer el oficio de la representación.

Pero atención señoras y señores de la justicia ordinaria. El resto del trabajo les corresponde a ustedes: que los juicios sean imparciales, que los acusados puedan ejercer la defensa, y que ustedes se animen a enfrentar a todos los corruptos con la misma vara, cualquiera sea el peso real de los manguruyuses con quienes deban enfrentarse y cualquiera sea el peso de sus maletines. La ciudadanía tiene ahora otra forma de mirar, observar, controlar y reaccionar.

ebritez@abc.com.py

 
 

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