Responsabilidad ciudadana

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Todos los años, cuando se acerca el día de inicio de clases, es noticia en todos los medios el mal estado en que se encuentran las escuelas del país. Comienzan a aparecer fotos de pupitres destrozados, paredes de aulas tomadas por la humedad; con la pintura toda destruida o fisuras en las paredes o techos a punto de derrumbarse obligando a los docentes a buscar refugios más seguros para sus alumnos.

Este año inclusive se dieron casos en que la semana que se iniciaban las clases varias aulas se desplomaron, afortunadamente sin estudiantes adentro por lo que se convirtieron en desgracia con suerte.

En el 2012 se creó por ley el Fondo de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y se estableció que una buena parte del dinero proveniente de Itaipú sea destinado a la educación. Esta fue una de las medidas más importantes tomadas tanto por los políticos como la ciudadanía en favor de la infraestructura educativa.

Se estableció que gran parte de la plata sea administrada por las Municipalidades y las Gobernaciones porque las autoridades locales y regionales se supone son las que conocen la necesidad de sus comunidades.

Gracias a la ley de Fonacide, las municipalidades de todo el país recibieron en los últimos cinco años la nada despreciable suma de G. 1.353.738 millones. Mientras a favor de las gobernaciones fueron desembolsados G. 348.754 millones. ¿Qué se hizo con todo este dinero? Contraloría tiene comprobado que fue dilapidado.

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En la mayoría de los casos las pocas mejoras que se llevaron adelante fueron hechas de la peor manera de tal forma a gastar lo menos posible y llevar al bolsillo la mayor parte. Aulas sin cimiento con paredes levantadas casi a tierra y agua, maderamen de la peor calidad. Obviamente, con el primer ventarrón ya se vienen abajo.

Las denuncias de trabajos mal hechos abundan, pero no hay un solo gobernador o intendente preso por haber dilapidado fondos públicos. El robo no tiene color. Liberales, colorados, independientes... todos meten la mano en la lata sin asco. Y se burlan haciendo gala del dinero robado, que lo presentan como “progreso económico” paseándose por los humildes caminos de sus comunidades en portentosa camioneta 4x4, la camioneta que compró de lo que se embolsilló sobrefacturando nada menos que la construcción de un aula donde irá a arriesgar su vida el hijo de algún vecino.

Todo lo que se hace con el dinero se sabe, o se puede saber. La transparencia en los gastos del estado es otro logro importante. Todo lo que se esté planificando, pensando invertir, lo invertido, la empresa beneficiada se tiene a mano por lo que la ciudadanía no tiene ninguna excusa para quedarse callada.

La población no debería esperar cada inicio de año escolar para verificar en qué condiciones está la escuela donde estudia sus hijos. Los paraguayos deberíamos abandonar esa actitud pasiva y comenzar a exigir. Cuando se está construyendo un aula, se debe velar y asegurar que se haga bien; no esperar que termine y ahí comenzar a lamentarse, cuando ya nada se puede hacer. Y si aun así ocurren estas cosas exigir que los responsables paguen. Mejorar la infraestructura educativa no es solo responsabilidad del estado, también de la gente. Si la comunidad no se involucra y se compromete, todo seguirá igual, y cada inicio de año seguiremos escuchando los vanos lamentos de los padres y docentes.

nespinola@abc.com.py