El departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional interviene en el caso, y la ciudadanía espera una actuación conforme a la ley.
Hechos en los que agentes del orden aparecen “pegados” a actuaciones ilícitas no son nuevos.
Algunos “saltan” a la opinión pública porque hubo denuncia, pero muchos otros quedan en el más absoluto silencio porque la víctima tiene miedo a represalias, o porque no confía en que la justicia –fiscales, jueces– harán algo al respecto.
A menudo el ciudadano de a pie está desprotegido y muy vulnerable al accionar de la mafia y terrorista de funcionarios públicos a quienes el Estado –es decir, todos nosotros–, los entrena, paga un sueldo, provee de recursos técnicos y les otorga el monopolio del uso de la fuerza.
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Podemos decir en favor de la institución que una gran mayoría son honestos y asumen su compromiso ante la ciudadanía, pero a menudo son opacados por las acciones de los mafiosos vestidos de uniforme.
La otra cara de la misma moneda de violencia, terror e impunidad que suele rodear a este tipo de casos está en el Ministerio Público, institución altamente costosa al erario, pero que está lejos de ser un garante de los derechos ciudadanos.
Un ejemplo de esa inoperancia está en el nulo avance de una denuncia penal por los presuntos delitos de hurto agravado, coacción, entre otros, donde aparece sindicado el subjefe de Investigaciones, Julio Cabañas, también ligado a los acontecimientos de Alborada.
A cuatro 4 meses de la denuncia, luego de “dormir” en la unidad del fiscal Alfredo Báez Pedotti, ahora está en la unidad a cargo de Enrique Díaz Alegre, donde apenas está en sus inicios.
La desidia de la que hace gala la fiscalía no hace sino alentar la impunidad y temeridad con que actúan los elementos corruptos que inficionan las instituciones del Estado, al punto que el ciudadano es empujado a una suerte de “sálvese quien pueda” frente a las mismas instituciones que deberían protegerlo y brindarle garantías.
jaroa@abc.com.py