Las tres primeras preguntas fueron sobre los inmigrantes ecuatorianos, que constituyen el colectivo latinoamericano más numeroso del país. La cuarta pregunta fue: “Cádiz se cita como una de las cunas de las libertades en España. Una de ellas, la de prensa. Tras lo sucedido con El Universo, ¿cree que tendrá problemas?”. Rápidamente se excusó diciendo que no había entendido la pregunta, por lo que el periodista volvió a la carga sin dar vueltas ya: “Su relación con la prensa es un tema muy candente a nivel internacional”. Estaba metido el dedo en la llaga. Correa había demandado por los tribunales al periódico ecuatoriano El Universo y el tribunal falló a favor del Presidente, quien asistió a todo el juicio, lo que, evidentemente, era una forma de presionar sobre el tribunal. Lógicamente, la sentencia le fue favorable: dos periodistas fueron condenados a pagar una multa astronómica y el director del periódico debió exiliarse.
“Hay ciertos negocios –respondió Correa al periodista– dedicados a la comunicación que son corruptos y politiqueros. Uno de los grandes males de América Latina es la mentira, aceptar pasivamente el daño social. Acá no se entiende lo que sucede en América Latina, un actor político, acostumbrado a quitar y poner presidentes. Y cómo se responde a estos abusos: con la ley. Pero se aplica la ley, y también se dice que es un atentado a la libertad de expresión”. Según esta respuesta confusa, Correa actuó “con la ley en la mano”, como lo hacían Stroessner y su equipo en el Paraguay: con la Ley 209 en la mano.
El periodista sigue: “¿Dónde termina la libertad de expresión, según usted?”. Responde Correa: “Estamos de acuerdo en que la información es un derecho; lo que hay que preguntarse es si ese derecho puede ser el producto de negocios privados con ánimo de lucro”. El periodista: “Pero el negocio y la prensa de calidad no están reñidos”. Correa: “Es un conflicto que puede ser mitigado con profesionalidad, por decencia. Esto es lo que se tiene que discutir, si no es mejor tener más medios públicos comunitarios, sin fines de lucro. Incluso discutir una propuesta arriesgada: si la información es un derecho, la base de las libertades fundamentales y la libertad de expresión, ¿por qué no puede ser una función del Estado, como la justicia?”.
Pues esto es lo que le gustaría a Correa, que el Estado monopolice la información. Hace un par de días, leyendo un libro sobre la historia de la escritura, me encontré con esta frase: “En tiempos de la televisión estatal, solo la escritura puede preservar las libertades”. (“La escritura. Memoria de la humanidad”, Georges Jean, Editorial Blume, Madrid, 2012, p. 115). De haber sido la información una función del Estado, nunca se hubiera revisado el “caso Dreyfus”, ya que Víctor Hugo publicó el resultado de sus investigaciones a través de la prensa. Tampoco se hubiera esclarecido la más famosa de todas las investigaciones periodísticas: el “caso Watergate” en Estados Unidos, o el “caso Gürtel”, en España, o el “caso del banco Ambrosiano, la logia masónica P2 y el Vaticano” en Italia, por citar nada más que unos poquísimos casos que deben recordar todos.
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Para culminar sus declaraciones, el periodista le preguntó: “¿Ha traicionado sus ideas en ese camino?”. La respuesta fue airada: “Eso es mentira. Siempre he dicho que lo más peligroso es el izquierdismo del todo o nada”. ¿Por qué lo de “mentira” cuando era suficiente con decir “no, nunca las he traicionado”, y todos contentos? El problema con estos caudillejos es que es suficiente con hacerle dos o tres preguntas para que se desnuden en público sin que muestren el más mínimo pudor.
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