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Toledo vivía en la compañía Ñumí de San Juan Nepomuceno, mientras Villalba en la compañía Toro Blanco del municipio de Tava’i. Ambos, junto a otro compañero guardaparque cumplían su obligación de cuidar la reserva boscosa, una de las últimas existentes en nuestro país.
Además de deforestadores, esta y otras reservas de la zona son a constantemente visitados por depredadores de la fauna, matan indefensos animales silvestres. Y es precisamente lo que se fueron a hacer los hermanos Robert, Braulio y Ramón Alcaraz González, así como a Hugo Andrés González Sosa y Daniel González Britos. Hugo y Robert son docentes con rubros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), González Sosa es funcionario del Ministerio de Justicia y González Britos es baqueano de la zona de la reserva. Todos están imputados por el doble crimen, pero se encuentran prófugos.
Existen méritos suficientes para que los imputados por el asesinato de los dos pobres y dignos trabajadores sean enjuiciados y condenados; sabían perfectamente a qué iban y todo indica que actuaron a sangre fría y continúan operando de esa forma para eludir a la ley.
Los familiares y amigos de los asesinados denunciaron que el gobernador de Caazapá, Pedro Díaz Verón está protegiendo a los asesinos porque supuestamente él mismo los envió a cazar carpinchos de la reserva porque quería comer. El jefe departamental niega la acusación.
El hecho y la presunta culpa del gobernador se aclararán cuando sean enjuiciados los sindicados como responsables directos del crimen. Hoy están prófugos.
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