Cargando...
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Alberto Rojas, dijo en las Naciones Unidas que se deben buscar alternativas al encarcelamiento por delitos relacionados al consumo de drogas y no aplicar la pena de muerte por narcotráfico. Esto en el marco de una dividida cumbre sobre el tema en Nueva York, la semana pasada. El representante paraguayo puso en evidencia un drama judicial que se vive en varios países latinoamericanos. Adolescentes, adultos y ancianos autocultivadores o simples consumidores de marihuana copan las cárceles del hemisferio ante la nula reforma judicial en este parte del mundo. Muchos ni siquiera tienen sentencias y pasan largos años en prisión por delitos que, en otras partes del mundo, ya fueron desterrados.
En este contexto, los datos en el Paraguay son alarmantes. De los más de 13.000 reclusos, hombres y mujeres, que hay en el país, alrededor del 32% está en prisión por delitos o crímenes relacionados a las drogas. Entre los varones, la cifra alcanza el 30% en todo el territorio nacional, mientras que el porcentaje se eleva al 60% entre las mujeres, según datos actuales del Ministerio de Justicia y Trabajo (abril de 2016). Un dato no menor es que más de 10.000 prisioneros no tienen condena, solo están procesados. Otro número inquietante es que de los 3.702 reos del Penitenciaría Nacional de Tacumbú, 1.440 son adictos a algún tipo de estupefaciente. Las drogas se consiguen en el propio penal o alrededores.
En un país donde la marihuana puede conseguirse a plena luz del día en la Plaza Uruguaya y a menos de un dólar americano; donde cada semana la Senad realiza circos móviles en distintas partes del país al apresar, aparatosamente, a microtraficantes, sin que se ubique a los grandes narcos; donde cada año se destinan millones de dólares al combate a las drogas y donde el 30% de los reclusos está en prisión por delitos relacionados a las drogas, es necesaria la discusión sobre la legalización. A esto se suma la voz baja de la academia, que está ausente en el debate. En las principales universidades del país (UNA, UCA y UNE) hay pocas investigaciones sobre la problemática, sin que se proponga alguna solución integral al problema.
La narcopolítica se asentó con mayor fuerza en el Paraguay en los últimos años. El crimen organizado se extiende por varios departamentos y también en la capital, mientras nuevas drogas ingresan al país por los países vecinos. Los centros de desintoxicación no dan abasto y los institutos de “rehabilitación” no reinsertan a los adolescentes adictos. Las fundaciones y organizaciones que se crean son, en varios casos, fachadas de centros lavado de dinero o sectas religiosas que, en vez de ayudar a los jóvenes, los pervierten y los exponen a un mayor peligro.
Liberando las drogas, o por lo menos la marihuana, se dará un duro golpe al narcotráfico, se limitará la corrupción estatal en el área, se recortará el presupuesto de la Senad, los precios de los estupefacientes bajarán y se tendría un mejor control del mercado. Todo esto, si el Gobierno tiene la suficiente madurez política y valentía para luchar contra la mafia organizada local.
equintana@abc.com.py