Sin marcha atrás

Hay situaciones que como la avalancha, que comienza con una pequeña bola de nieve pero a medida que avanza crece y se hace imparable, no tienen marcha atrás. Llegado el momento crítico, el único resultado posible es la catástrofe.   

Un gobierno o un partido político pueden promover el incremento de la crispación social y hasta pueden pensar que lo hacen porque les favorece políticamente, pero más temprano que tarde el fenómeno se volverá inmanejable para sus propios promotores.   

La historia está llena de ejemplos de políticos que se pasaron de vivos suponiendo que "pescar en río revuelto" era la forma de consolidar su predominio, pero que al final se ahogaron en los remolinos que ellos mismos pusieron en marcha.   

Me viene a la cabeza uno de los ejemplos más famosos. Durante la Revolución Francesa, cuando uno de sus grandes líderes, el girondino Danton fue condenado a la guillotina, le dijo a Robespierre, líder de los jacobinos y presidente del directorio que le condenó, que lo esperaba pronto, porque él también terminaría condenado a la guillotina por sus adversarios políticos. Y así fue.   

Pero no hace falta ir tan lejos. Acá nomás, en el continente, y no hace años, sino ahora mismo, tenemos ejemplos inmejorables: Evo Morales ha conseguido suficiente poder para barrer a la oposición, pero ha perdido el control sobre los movimientos radicales que constituyeron la base de su poder. Controla el país, pero ya no controla a los movimientos indigenistas y grupos radicales que lo encumbraron y que están comenzando a hacerle a él lo mismo que a sus predecesores: política callejera de presión. Otro caso claro, el kirchnerismo, que tampoco tiene el control de los piqueteros, que originalmente fueron su instrumento de presión callejera.   

Algo similar está pasando en Paraguay con el tema de las invasiones de tierras. El fenómeno en sí responde a un problema social real y grave de nuestro sistema social, las cifras de desempleo, tanto rural como urbano, son abrumadoras y han creado unos niveles de marginalidad y exclusión muy graves, una auténtica masa crítica de personas desesperadas.   

Pero ningún desajuste social puede justificar que el Gobierno tolere, justifique y hasta parezca incentivar el atropello de la ley, el uso indiscriminado de la violencia y la presión delictiva e inmoral que ejercen, acudiendo a la ley y a las instituciones cuando les favorecen, pero desconociendo su autoridad cuando no respaldan sus demandas, que suponen las invasiones de los piqueteros.   

Vengo ocupándome del tema desde hace más de cuarenta años. Predije entonces que, sin industrialización que generara fuentes estables de trabajo, el país se llenaría de marginados y excluidos, campesinos sin tierra y desempleados sin esperanza de conseguir otro trabajo que la delincuencia. Eso es lo que afirmé que ocurriría y eso es lo que está realmente sucediendo en la actualidad.   

Ahora bien, la obligación de un gobierno y la función del sistema institucional no es agravar los problemas, como de hecho está ocurriendo, sino administrarlos a corto plazo y en la medida de lo posible desarrollar las políticas para solucionarlos en un plazo más amplio. Y no puede hacerlo según su arbitrio y voluntad, sino según lo permiten las leyes vigentes, que establecen las reglas de juego que todos los sectores deben cumplir y marcan los límites de lo que el gobierno y las instituciones del Estado pueden hacer.   

Nadie en su sano juicio le puede pedir a un gobierno una solución inmediata para un problema que el país viene padeciendo por décadas, para no decir que lo ha sufrido prácticamente a lo largo de toda la historia. En cambio es absolutamente desconcertante e irracional encontrar que un gobierno esté contribuyendo activamente a su agravamiento.   

La lógica de la crispación social y de la extrema tolerancia –por no hablar de complicidad– con el incumplimiento de la ley, es el equivalente –volviendo al símil con el que comencé– a la dinámica de las avalanchas. Los sectores implicados terminan por atropellar todo lo que encuentran a su paso, incluyendo con mucha frecuencia a sus propios aliados.   

En esa caída libre hacia el descalabro del sistema de convivencia social, hasta los más justos reclamos terminan por transformarse en exigencias desquiciadas, irracionales e imposibles. No es algo que puede o no llegar a pasar en el futuro, sino algo que ya está ocurriendo ahora mismo y cada vez con más intensidad.

Alguna vez el presidente Fernando Lugo dijo que las invasiones eran "el último recurso". Se equivocaba, hoy por hoy la invasión violenta es el primero y único recurso, y los blancos elegidos por los "carperos" son cada vez más disparatados… ¿Según qué "ultimo recurso" puede justificarse legal o éticamente la invasión de, por poner el ejemplo más descabellado, Frutika, una empresa legal, productiva y rentable y pionera en el procesamiento agroindustrial de frutas y hortalizas en nuestro país?

Repito que es cierto que existe un problema social en la base de la conflictiva situación que atraviesa el agro, pero no hay que confundir a las verdaderas víctimas de una injusticia social con una horda de energúmenos que en realidad ni siquiera quieren las tierras para cultivarlas, sino para alimentar, a costa del dinero público, un lucrativo negocio inmobiliario.