El procedimiento está basado en el artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal de subasta pública de bienes y excepciones, que permite a las municipalidades enajenar los bienes de su dominio privado. También otorga la prerrogativa de la venta en forma directa, previo avalúo pericial “que no será menor al valor fiscal”.
Después de varias semanas de debate público fue aprobada por la Junta Municipal –que con buen tino y ante la desconfianza de los encarnacenos instalada por los manejos poco claros de gestiones anteriores– optó por la subasta pública.
Asistieron 12 rematadores y entre ellos, algunos impresentables. Unos, porque ahora pretenden impugnar el concurso de precios; quieren basar la subasta por la Ley de Remate Judicial, que les otorgaría un mayor dividendo en detrimento de la Comuna. Otros, porque no son confiables. Es que la venta del lote despertó el interés de la ciudadanía por el gran valor económico que significaría su enajenación y porque está muy sensibilizada por el manejo de la cosa pública.
De las tres mejores ofertas, las dos primeras no son confiables; una por tener relación con antiguas administraciones, que actualmente, y mediante la presión ciudadana, son examinadas por una auditoría externa.
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En ese sentido, el coordinador general de la firma que lleva a cabo el examen, Dimas Piris da Motta, informó de las múltiples dificultades con las que tropiezan para aclarar las finanzas de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, que abarcan gestiones de cuatro exintendentes, todos de la ANR.
“No hay información disponible en papeles y los registros que existen no reflejan la realidad. Tampoco se encontraron los manuales de funciones ni de procedimientos”, afirmó. Que esto valga como dato a tener en cuenta para no repetir la historia con la subasta pública del terreno.
miguel.gonzalez@abc.com.py