Seguro que ya se imaginan la posibilidad de negociado que encierra este acuerdo aunque aparente normal que un inversionista pague 3 millones guaraníes mensuales de alquiler por el uso de un terreno, pero cuando se trata de compartir la renta, además de pagar el alquiler, ya suena bastante raro y llamativo.
Diez por ciento sobre la ganancia es lo que pagan las empresas como impuesto a la renta. ¿Esta empresa pagará 20 mientras las demás pagan 10%? ¿O con el tiempo se le exonerará de todo impuesto a las empresas que operan en los predios en desuso del Partido Colorado, basado en el Código Electoral que exime del pago de todo impuesto fiscal y municipal a los partidos políticos?
Vamos a tratar de ceñirnos a la distorsión de la institucionalidad que representa este negocio entre el partido de gobierno y una empresa, real o supuesta dedicada al expendio de combustibles. El ideólogo de este plan es sin duda el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, con planes de llegar a la Presidencia de la República, para lo cual necesitará aliados y fondos.
Los partidos políticos deben “concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política... y a la formación cívica de los ciudadanos” (art. 124 CN). Participar en el expendio de combustible no se parece en nada a estos objetivos establecidos en la Constitución y menos aún si observamos lo que dice el Código Electoral (CE) sobre los partidos políticos: “Tienen la finalidad de asegurar, en el interés del régimen democrático, la autenticidad del sistema representativo y la defensa de los derechos humanos” (art. 10 CE).
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Si además de esto tenemos en cuenta que el CE asigna a los partidos aportes y subsidios y que por sobre esto no pagan tampoco nada de impuestos fiscales y municipales, la idea de meterlos a hacer negocio es bastardear los principios y objetivos para los cuales fueron creados, además de inventar una nueva veta para la expansión del estado de corrupción y una tranquera abierta para ensayar todo tipo de proyecto populista.
Según el art. 68 del CE., los partidos políticos “no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente contribuciones o donaciones... de personas físicas o jurídicas... o de empresas del Estado”.
Si hacemos un recuento de la cantidad inmensa de inmuebles con que cuenta la ANR en todo el país, sin pagar absolutamente nada por ello, ni por su adquisición ni por su tenencia, y a ello agregamos que la mayoría está en desuso o sin destino racional, llegaremos a la conclusión que saltando todas las restricciones legales, como efectivamente lo están haciendo instigados por Petropar y su autoridad superior responsable, el titular del MIC, veremos que la ANR está encontrando la forma de hacer lucro de manera absolutamente ilegal y deshonesta.
¿Por qué un partido político debería controlar la administración de una empresa? ¿Por qué un partido político ocupa ilegalmente espacios públicos sin devolverlo? ¿Por qué un partido debería beneficiarse con el lucro de una empresa? ¿Quién controla la institucionalidad de la República en este país? Nadie, porque encontraron una nueva forma de picotear y todos están pendientes de que algo finalmente les alcance en algún momento. ¿O no?
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