El chiquito llegó con quemaduras de cigarrillos, uñas arrancadas, otras lesiones, infecciones, desnutrición y tan asustado que no podía ver ingresar personas a la sala. Allí apareció el papá biológico –que recién entonces lo reconoció legalmente– junto con otros familiares. Luego de 24 días internado, este viernes fue dado de alta y fue a vivir con su tía, que le dio el amor suficiente. Seguirá tratamiento médico y tendrá acompañamiento psicológico. Solo el tiempo dirá cuánto logra superar el trauma y cuáles serán las secuelas.
Es de esperarse que el Poder Judicial condene a los responsables de tan deleznable hecho, independientemente de sus nacionalidades. Ya la mamá y el padrastro están privados de su libertad e imputados. El manoseo del caso por parte de quienes buscan sacar una tajada mediática, de algún modo, debería evitarse.
Situaciones extremas como las que pasó este niño nos obligan a replantearnos como sociedad, cuáles son las condiciones de vida que enfrentan nuestros niños y sus padres. Cuánto puede garantizar realmente el Estado el respeto a derechos fundamentales del niño; un hogar, una familia, una identidad, alimentación, salud.
Lejos de este debate, responsabilidad de las instituciones públicas, allá arriba, hacia Mburuvicha Róga hay otra discusión que consideran más importante: cómo torcer la Constitución Nacional para garantizar a las autoridades de turno su continuidad en el poder, así se benefician sus bolsillos y los de sus amigos.
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