La investigación interna abierta en el Ministerio de Educación y Ciencias comienza a documentar la podredumbre de planilleros y funcionarios que fraguaron documentos para apropiarse del dinero destinado a dar una oportunidad a quienes menos tienen.
Disculpen la vehemencia, pero los miserables no merecen otro calificativo, ya que se aprovechan de que la sociedad siempre se muestra sensibilizada cuando existen reclamos de un mayor presupuesto para la educación o la salud.
De eso se aprovecharon para conseguir ampliaciones y reprogramaciones, en medio del lamento porque la plata nunca alcanza. Una verdad a medias. La plata no alcanza porque entre otras cosas se encuentra con ladrones miserables que medran a costa de la educación.
Traidores, porque mientras en algunas escuelas del interior se sobrevive en medio de la miseria y la precariedad, las polladas y las ventas de rifas para pagar alguna reparación; en la capital algunos burócratas de guante blanco se quedan con dinero que bien puede ser destinado a paliar este problema.
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Por eso es importante que la investigación interna abierta en el Ministerio vaya para atrás, para llegar al menos a documentar parte de lo que siempre se supo pero no se investigó por falta de voluntad política y porque había que premiar a los correligionarios del partido que fuese.
Esta semana aparecieron los de siempre, quienes intentan relativizar estos actos de corrupción, buscando descalificar a Eduardo Petta o José Casañas Levi con el trillado argumento de la persecución política.
Están también quienes pretenden confundir con el debate de que no es incompatible la docencia con el ejercicio de la intendencia o la concejalía.
Pero a no engañarse. No es ese el punto.
El punto es que hasta ahora descubrieron a 93 intendentes y concejales sinvergüenzas que cobraban mensualmente sin asistir a dar clases. Planilleros o chupópteros según el diccionario de la Real Academia Española, mientras hay otros más de 300 que están bajo investigación.
Además, el caso de un viceministro, Herminio Lobos, quien con la complicidad de otros cinco funcionarios inventaba viajes durante toda la semana para cobrar viáticos.
Presentaban hasta boletas de peaje y facturas de comercios de las zonas a las que supuestamente iban, pero se olvidaron de un pequeño gran detalle, un sistema de control interno que registra días y horas de la presencia de todos ellos en sus oficinas de la capital en los días en los que supuestamente estaban en el interior.
Traidores. Seis funcionarios a los que habría que sacar de un plumazo si no existiese un marco legal que obligara a la realización de un sumario formal.
El repudio ciudadano también debería llegar a ellos. No es poca cosa lo que está en juego.
Se define el futuro del país en los próximos veinte años.
Cada robo que se cometa de rubros destinados a la educación debe ser considerado como una grave afrenta al país, por despojar de oportunidades a miles de compatriotas que deberán pelear en un mundo cada vez más competitivo, sin tener las herramientas básicas para poder hacerlo.
La educación debe ser una gran causa nacional. Más allá de las mezquindades internas, es deseable que esta investigación barra con viejas prácticas que constituyen una alta traición a la patria.