Desde aquel histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo y Sentencia 1306/13) sobre el reclamo de un ciudadano sanlorenzano, José Daniel Vargas Téllez, que consiguió la lista de funcionarios, nombrados y contratados de San Lorenzo tras negársele por cinco años, la posterior sanción y promulgación de las Leyes 5189/14 y 5282/14 “de transparencia y acceso a la información pública”, la historia cambió bastante.

En la semana que culmina se da otro paso fundamental con la promulgación la Ley 6299/19 que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Consejo de la Magistratura y el Consejo de Ministros por parte del presidente de la República.

Nos sorprendíamos igualmente semanas atrás cuando ediles de la lejana comunidad de Filadelfia, Chaco, decidieron transmitir sus sesiones por las redes sociales, considerando que la ley establece que las sesiones de la Junta Municipal deben ser públicas.

Sin embargo, lo de Filadelfia es un hecho aislado. En gran parte del territorio nacional las juntas municipales y departamentales siguen buscando maniobrar lo más alejado posible de la gente, con el viejo y sugestivo hábito de tratar los temas públicos entre cuatro paredes.

Las juntas departamentales, acostumbradas a aprobar rendiciones de los gobernadores a cambio de coimas y favores, y que por ende se fueron convirtiendo en los órganos públicos más oscuros del país, deben ponerse a tono con los tiempos de la transparencia y publicar sus sesiones, sus decisiones y todo su trabajo.

Ni hablemos de la Junta Municipal, que, por ser el órgano de elección popular más cercano al pueblo, tiene que destacarse por su transparencia, haciendo amplio uso de las tecnologías disponibles hoy, a muy bajo costo, para ventilar todos sus actos.

No se justifica bajo ningún sentido que una Junta como el de esta ciudad, por ejemplo, no transmita sus sesiones cumpliendo con todo el rigor lo que la ley y los nuevos tiempos determinan.

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