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Peruanos y ecuatorianos demostraron cuán fácil es pararse del lado correcto y asumir con determinación la lucha contra la corrupción e impunidad. Apostar por la transparencia.
Los referendos de Ecuador y Perú llegaron, además, para sacudir a la región del estado de hibernación en el que estaba sometido, un letargo al que nos estábamos acostumbrando, tanto que hasta diría “normalizando” hechos graves como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de poder y asociación para delinquir.
El caso Odebrecht en Perú precipitó la renuncia del gobernante Pedro Pablo Kuczynski en marzo. El nuevo presidente, Martín Vizcarra, se jugó al todo o nada —en ocho meses de gobierno— determinado a barrer con la purulencia política. Debía extirparla: y lo hizo devolviéndole al pueblo su poder real.
Planteó una reforma política y judicial, dado que una y la otra se movían como cardumen, en banda, negociando todo según sus intereses.
Los peruanos decidieron, además, en consulta popular, transparentar el nombramiento de miembros de la nueva Junta Nacional de Justicia (Consejo de la Magistratura) que serán electos por concurso público, de cuyo proceso no tomarán parte políticos o legisladores, sino que estará en manos de los presidentes del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y el Fiscal General.
Otro tema clave y muy debatido fue el financiamiento político. Con la reforma, decidieron penalizar la financiación ilícita a los Partidos. A partir de 2019 los movimientos deberán transparentar su contabilidad, bajo reglas claras para su efectivo control. Esto es: no más casos “Odebrecht” sosteniendo las campañas de políticos que buscan perpetuarse en el Poder Legislativo sólo para beneficio propio.
Hartos de la corrupción, los peruanos le negaron la reelección a los congresistas. Eran las únicas autoridades electas a las que la Constitución peruana les permitía ser elegidas de forma indefinida; y como último golpe, también descartaron volver a la bicameralidad, es decir mantener con 130 miembros la Cámara de Diputados. No más legisladores viviendo del Estado.
Y aunque el mismo Vizcarra haya planteado las modificaciones a la Constitución, el pueblo le deja claro, con su apoyo a las reformas, que él también está bajo observación permanente.
Otro batacazo a la corrupción lo dio Ecuador, que vivió por una década bajo la presidencia autoritaria del socialista Rafael Correa (2007-2017) y eliminó la reelección indefinida, además de aplicar la inhabilitación política y la pérdida de bienes a los sentenciados por corrupción.
El Poder Judicial, sometido a Correa por años, comenzó a mostrar atisbos de independencia. La primavera contra la impunidad comenzó en Ecuador en 2017, y se fortaleció este año con la ratificación de la condena a prisión por corrupción al ahora exvicepresidente Jorge Glas, quien fue sentenciado a 6 años de cárcel por cobro de sobornos en la trama ilícita orquestada por la constructora brasileña Odebrecht y políticos.
Glas, aliado de Correa, se convirtió en la autoridad electa en actividad de mayor rango en ser procesado por la megacausa corrupta que sacudió a la región.
Durante el gobierno de Correa la libertad de expresión se mantuvo bajo permanente amenaza.
La consulta popular aprobó demás que todas las autoridades podrán aspirar a la reelección por una sola vez para el mismo cargo.
Las enmiendas a la Constitución fueron impulsadas por el gobierno de Lenin Moreno, y al igual que el peruano Vizcarra, los ecuatorianos le toman permanente examen a su gestión.
¿Todavía se pregunta qué es la voluntad política? Se trata de todo lo anteriormente descrito y que es aplicable plenamente en Paraguay.
¡Feliz 2019!
viviana@abc.com.py