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Una pincelada de la vergonzosa realidad de la educación en Paraguay en lo que se refiere a infraestructura fue lo que pudimos ver en los primeros días del año lectivo escolar. Según los datos del propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), existen 91 edificios escolares en alerta alta; 134 en alerta media, 422 en alerta baja, 164 a ser verificados, mientras que en el listado de las que deben ser potenciadas se encuentran 5.523 instituciones.
El déficit en materia de infraestructura no es nuevo, hecho que no debe servir de excusa para las autoridades ministeriales, municipales ni departamentales, que tienen la obligación de invertir los recursos del Fonacide para mejorar las condiciones en que se encuentran las instituciones escolares del sector público. Menos podemos conformarnos con la cantaleta de siempre de que las necesidades superan a los recursos financieros disponibles.
Las escuelas cuentan con cooperadores de padres, que ayudan a introducir mejoras, construir aulas y hasta pabellones enteros. Desde 2012 existe el Fonacide, que los intendentes, conocedores de la realidad de sus distritos, tuvieron que haberle dado buen uso.
Sin embargo, son constantes las denuncias por obras realizadas sin tener en cuenta especificaciones técnicas para la construcción de edificios seguros. Igualmente, de malversación de dicho dinero, sobrefacturaciones y otras formas de robos descarados.
Lo más triste es que los representantes del Ministerio Público actúan a pasos de tortuga en las investigaciones de las denuncias, como en el caso del intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer (colorado cartista). Hubo denuncias bien fundamentadas por ciudadanos, pero la fiscalía poco o nada avanzó, dando lugar a que siga la corrupción.
antonia@abc.com.py