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Eso fue lo primero que me vino a la mente cuando el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, recientemente respaldó la candidatura inconstitucional del presidente de Bolivia, Evo Morales, para un cuarto mandato, y cuando el gobierno del Presidente Trump se quedó callado ante el anuncio de la nueva candidatura de Morales.
Bolivia se ha convertido en una “dictadura tolerable”, o sea, un país cuyo presidente rompe el estado de derecho pero no es condenado por las democracias del mundo.
Eso es exactamente lo que fueron hasta hace poco Venezuela y Nicaragua, hasta que el derramamiento de sangre obligó a Estados Unidos y otros países a prestarles atención. Antes de que eso sucediera, los gobernantes de Venezuela y Nicaragua pudieron llevar a cabo sus golpes en cámara lenta, desmantelando gradualmente las instituciones democráticas, mientras que el resto del mundo ocultaba la mirada.
Morales, quien permanece en el poder desde 2005, lanzó oficialmente su campaña para un cuarto mandato el 18 de mayo, a pesar de que la Constitución boliviana no permite más de dos mandatos presidenciales consecutivos. Además, Morales perdió un referéndum el 21 de febrero de 2016 que él mismo había convocado para cambiar la Constitución y poder postularse para un nuevo mandato.
Lo más preocupante de la campaña de reelección de Morales, y de la bendición política que le otorgó Almagro, es que podría sentar un peligroso precedente legal para México y varios otros países.
Morales está usando el absurdo argumento de que puede postularse para la reelección porque la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 establece que nadie puede ser privado de su derecho humano a postularse para un cargo público.
Argumenta que la Convención es un tratado internacional y, por lo tanto, está por encima de las leyes nacionales de Bolivia. Para dar algún tipo de sustento legal a su argumento, Morales hizo que el Tribunal Constitucional de Bolivia –controlado por él– valide su derecho a postularse para un nuevo período en las elecciones del 20 de octubre.
Morales lanzó su campaña un día después de que Almagro visitara Bolivia y, en un sorprendente giro político, dijera que sería “absolutamente discriminatorio” privar a Morales de su derecho a postularse para un nuevo mandato.
El gobierno de Bolivia y los medios de comunicación oficiales celebraron la declaración de Almagro como un respaldo total a la campaña de Morales.
Trump y las principales democracias de América Latina no han dicho prácticamente nada sobre el anuncio de Morales. Cuatro días después del anuncio, en el momento de escribirse este artículo, la jefa del Departamento de Estado para América Latina, Kimberly Breier, aún no había condenado la decisión de Morales en su cuenta de Twitter, a pesar de haber escrito más de 50 mensajes en ese lapso.
El gobierno de Trump está cometiendo el mismo error que cometió en Nicaragua, y que el gobierno de Obama cometió anteriormente en Venezuela: no criticar enérgicamente la erosión gradual de las instituciones democráticas hasta que se produce un estallido social con muchos muertos.
Para evitar que más presidentes violen los límites de sus mandatos constitucionales, es hora de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, emita una opinión legal dejando claro que los presidentes no pueden usar la Convención de 1969 para exceder sus períodos presidenciales.
Una opinión legal de la Corte de San José obligaría a Almagro y a la OEA a desautorizar el intento de reelección de Morales y cualquier otra propuesta similar en el futuro. Mientras tanto, Trump y los países latinoamericanos deberían dejar de ver a Bolivia como una “dictadura tolerable”, o de lo contrario, se arriesgan a tener que lidiar en el futuro con muchas otras venezuelas.