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A los que no hayan reflexionado suficientemente sobre el tema, me permito recordarles que la primera y principal condición para que exista Justicia, así con mayúscula, es la igualdad bajo la ley: Todos iguales bajo la ley.
Lo sabían los romanos, creadores de nuestro sistema de Derecho, y lo reafirmó mejor que nadie John Locke en sus “Tratados sobre el gobierno civil” de 1689, que versan justamente sobre la diferenciación entre “Estado de Derecho” y “Estado de Arbitrariedad”
Allí donde los órganos del gobierno puedan aplicar arbitrariamente las normas, para unos sí, para otros no, existe “Estado de Arbitrariedad” y no existe “Estado de Derecho”; las personas no son iguales ante la ley y los órganos del gobierno construyen privilegios y desigualdad.
Es lo que está haciendo la fiscala general Sandra Quiñónez, empleadita de Horacio Cartes, con el Ministerio Público, aplicando la ley en forma arbitraria: A los amigos de Cartes impunidad, a los amigos del presidente Mario Abdo Benítez, la ley.
Personalmente no tengo duda alguna sobre la relación del diputado Ulises Quintana con Cucho Cabaña. Son contadísimos los políticos que no tengan relación con proveedores de dinero negro para sus campañas, lo que, de paso, explica por qué una abrumadora mayoría de integrantes de la autodenominada “clase” política está haciendo todo lo que está a su alcance para impedir la trazabilidad de aportes en las internas en la ley de financiamiento político.
Por tanto, tengo la convicción de que la actuación del Ministerio Público con respecto a Quintana está, en general, bien encaminada.
Sin embargo, la actuación bien encaminada del Ministerio Público con respecto a Quintana pone en evidencia la lenidad que la Fiscalía otorga a los amigos de Horacio Cartes, Javier Zacarías Irún, Óscar González Daher, Víctor Bogado, Ramón Jiménez Gaona y muchos otros que, gracias a eso, gozan de impunidad a pesar de que los hechos que sobre ellos han tomado estado público son igual de, o más graves que los que afectan a Ulises Quintana.
Es cuestión de comparar la diligencia con que los fiscales actuaron en el caso Quintana con la horrenda displicencia con que actúan con los amigos de Cartes. No me crean a mí, revísenlo ustedes.
La diferencia es perversa porque logra disfrazar, con la actuación bien encaminada en el caso Quintana, la complicidad con los amigos de Cartes. Es muy perversa, es sofisticadamente perversa.
Adelanto ya que los medios y los empleados de Cartes pretenderán que lo señalado más arriba busca la impunidad de Quintana, por lo que repito que la actuación del Ministerio Público en este caso me parece correcta, y que lo que le reclamo a la empleadita de Cartes, Quiñónez, es que haga con los amigos de Cartes lo mismo que hace con Quintana. ¿Más claro puedo ser?
La aplicación selectiva de la ley es causal de juicio político y remoción de Sandra Quiñónez, y no logro entender por qué el Presidente de la República no está ya impulsando los pasos necesarios para cortar la mano larga de Cartes en el Ministerio Público.
evp@abc.com.py