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Apenas iniciado el año, el oficialismo colorado no solo no logra hacer pie en su intención de aprobar una enmienda que habilite un segundo mandato presidencial, sino que hace un bochornoso espectáculo con muertos firmando las planillas que impulsan la iniciativa. En 2011 un procedimiento similar para la reelección de Fernando Lugo también fue un fiasco. Miles de firmas fueron falsificadas.
Con un antecedente como ese parece poco creíble que el oficialismo colorado no tomara las precauciones para evitar que el caso se repitiera. Fueron absolutamente incompetentes o realmente todo forma parte de una operación a gran escala que no necesariamente busca habilitar un segundo mandato. En el entorno oficialista sostienen que la recolección de firmas fue una iniciativa real, pero que hubo un sabotaje de la disidencia colorada. Incluso dos presidentes de seccional pusieron la cara para dar fuerza a esa posición. En conferencia de prensa acusaron a una funcionaria de la Justicia Electoral de agregar hojas a las planillas y que operadores barriales de la disidencia falsificaron firmas. Aún así da la sensación de que no todo lo que parece realmente es.
Con la serie de situaciones que se fueron dando en las últimas semanas la enmienda para habilitar un segundo mandato presidencial está irremediablemente manchada por el fraude. Eventualmente se podrá forzar una aprobación en el Congreso, pero un referéndum en que gane el sí parece una cuestión mucho más complicada. El Partido Colorado no solo tendría que hacer frente a opositores; además tendría una fuga de votos que muy probablemente haría imposible aprobar la modificación constitucional.
El descalabro de la enmienda parece ser una de las cuestiones más simples que tendrá que enfrentar el Poder Ejecutivo. Lo realmente complicado vendrá desde el Congreso y particularmente de la Cámara de Senadores donde el oficialismo nunca pudo construir una mayoría sólida. El Parlamento es esencial para la gobernabilidad. Un torpedeo constante a los proyectos del Gobierno no solo frenarían cualquier iniciativa, sobre todo desgastarían. Eso en tiempos electorales, en que la imagen es buena parte del futuro político, no es una cuestión que se deba despreciar.
En las conversaciones de la oposición con la disidencia colorada es tema corriente el deseo de acortar el mandato del presidente Cartes mediante un juicio político. Incluso en los últimos días se filtró un texto en que se atribuye a la senadora Desireé Masi la intención de buscar matones como una opción para llegar al mismo objetivo. El presidente del Senado, el liberal Roberto Acevedo, admitió que existen conversaciones entre los senadores y aseguro que la legisladora siempre es muy bromista. Si bien el intercambio de mensajes podría tomarse en el contexto de una broma entre amigos, no por ello deja de ser grave que un miembro de un poder del Estado se refiera en esos términos a la resolución de las diferencias políticas. No debería olvidarse nunca que la violencia verbal es el primer paso del camino a la violencia física.
Destituir al Presidente de la República cuando falta poco más de un año para terminar el mandato parecería una sinrazón. Sin embargo daría a la oposición todo el aparato estatal para enfrentar las elecciones nacionales de 2018.
El poco más de año y medio de periodo presidencial que resta a Cartes será sumamente turbulento; con un horizonte muy poco claro y donde la coyuntura en demasiados casos podría terminar definiendo cómo se hará frente a las elecciones presidenciales.
ogomez@abc.com.py