Un intendente “de facto”

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No solo fue funcionario público entre el 2008 y el 2018; el senador Javier Zacarías Irún fue intendente de facto de Ciudad del Este y manejó los bienes públicos a su antojo y para beneficio personal, de sus amigos y familiares, utilizando también su poder para perseguir sin piedad a quienes se le oponían.

La intendenta electa, Sandra McLeod de Zacarías, durante todos esos años no tomó una sola decisión sin aprobación previa de su asesor ad honorem, su marido Javier Zacarías. Esto está documentado y el juez Marino Méndez no puede decir que no lo sabe porque él es amigo de la familia.

El jefe de prensa de los Zacarías, Juan Sanabria, detalló: “el 95% del funcionamiento de la institución estaba a cargo de Javier Zacarías (...) Ordenaba gastos, ordenaba pagos. Él era intendente de facto”.

Javier Zacarías fue intendente entre 2001 y 2007. Ese año renunció, dejándole el puesto a su esposa. En 2008, Sandra McLeod firmó una resolución nombrando a su marido asesor jurídico ad honorem de la Intendencia. Y se ratificó en el 2011, por medio de otra resolución.

En la medida en que el poder político crecía, con tentáculos en la Justicia y otras importantes esferas, también el poder económico de Javier y Sandra Zacarías fue creciendo. Un avión, departamentos de lujo, opulentas fiestas, paseos por Europa, así lo demuestran. Todo, según el Ministerio Público, sin que los egresos se correspondan con los ingresos. Y sin explicarse el origen de la fortuna.

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La Fiscalía entiende que esto debe ser investigado como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, pero para el juez de la Niñez y Adolescencia, Marino Méndez, el requerimiento no corresponde porque, según él, el asesor “ad honorem” no puede ser calificado como funcionario público.

El Ministerio Público bien responde que son funcionarios públicos los que fueron designados para desempeñar funciones en nombre del Estado, de manera remunerada u honoraria, de forma temporal o permanente. Y da un ejemplo contundente: si fuera como razona el juez, los ciudadanos designados como miembros de mesa en las elecciones no tendrían ningún grado de responsabilidad penal en caso de que alteraran los resultados consignados en las actas, ya que no son funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Independientemente de los argumentos legales, Marino Méndez no puede decir que desconoce que durante todo este tiempo Javier Zacarías no solo fue funcionario público, sino fue un nefasto intendente “de facto”. Méndez lo sabe muy bien porque farrea con su hermano, el diputado Justo Zacarías, con su mejor amigo, Alberto Rodríguez, y hasta con el mismo Javier Zacarías, según dicen las fuentes.

mariana.ladaga@abc.com.py