Las denuncias y acusaciones contra los ministros del máximo tribunal de la República Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, por mal desempeño de funciones, son de una gravedad tal que en cualquier país con instituciones que funcionen con una mínima seriedad hubieran hecho que los acusados, por una cuestión de decoro, hace rato renuncien a su cargo. Obviamente, no lo hicieron ni lo harán.

La herramienta constitucional para dar una respuesta a esta situación está en manos del Congreso, con la aplicación del juicio político. De hecho se inició en diciembre de 2014, con la aprobación de las acusaciones por parte de la Cámara de Diputados. El paso siguiente era que el Senado se constituyera en Tribunal para proceder al juicio y dictar los fallos por la destitución o la absolución de los ministros.

Sin embargo, el proceso está trabado desde hace más de 12 meses debido a los intereses políticos y a la falta de voluntad de los parlamentarios para llenar las vacancias con juristas honestos y capaces y no con sujetos cuya principal virtud sea la fidelidad hacia algunos caciques políticos. Pero, sobre todo, quedó varado por la desvergüenza y caradurez de parlamentarios a quienes no les interesa cumplir con sus deberes ante quienes los votaron para llegar al cargo.

Otro motivo de fondo de este desorden institucional es la evidente falta de liderazgo político, un mal que aqueja no solamente al Congreso sino también al Poder Ejecutivo y a los partidos con representación parlamentaria.

Lamentablemente, la perspectiva que se abre para el próximo año es que las cosas no cambiarán demasiado. En caso que finalmente el juicio político se concrete, la posibilidad de que el Poder Judicial realmente mejore con la incorporación de mejores personas, es remota, si se toma en cuenta que llenar las vacancias estará a cargo de los mismos que hasta ahora no han demostrado contar con el patriotismo y la inteligencia necesarios.

Otra deuda parlamentaria no menor y tal vez más grave porque se viene arrastrando desde hace varios años, es la falta de designación del defensor del Pueblo, una figura de enorme valor y potencial que fue completamente desvalorizada porque quien ocupó el cargo hasta ahora se encargó de vaciarlo de cualquier clase de contenido ético, humanitario e institucional.

La responsabilidad por esta deuda corresponde enteramente al Parlamento. De quienes lo integraron antes y de los que están ahora. Todos han demostrado poco interés en mejorar la calidad de la democracia que tenemos.

Un reciente episodio protagonizado por el diputado colorado por Boquerón Cornelius Sawatzky dio una muestra de cómo se decide, en algunos casos y durante la etapa preelectoral, a quienes serán “representantes de la ciudadanía” en el Congreso. El legislador chaqueño, de origen menonita, admitió sin problemas que, en su momento, negoció con quien sería su suplente para que le financie la campaña electoral en 2013, a cambio de turnarse después en el curul. El suplente le reclama ahora cumplir el acuerdo pero, según Sawatzky, este no puso un peso y entonces no le prestará su banca.

Este episodio de republiqueta bananera y otros que ya ocurrieron antes y que son de público conocimiento nos hablan del Congreso que tenemos. Debieran motivar la reacción de la ciudadanía antes que sea muy tarde y de que estemos asistiendo a su definitiva decadencia.

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