Los concejales liberales Leonardo Lezcano y Felipe Paredes, y Lilian Coronel (Unace), Nélida Torres de Rodríguez (ANR) y Anselmo González presentaron una denuncia fiscal contra del intendente Cuéllar por un faltante de G. 397 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Se basaron en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que reportó la inexistencia de documentos y datos precisos sobre lugares donde supuestamente se realizaron obras por el mencionado monto.
Por otro lado, la CGR también realizó una denuncia en el Ministerio Público por el mismo caso.
La denuncia del intendente, reforzada con los audios de conversaciones entre él y González, viene a confirmar lo que desde hace tiempo, según la vox populi, sucede en Fuerte Olimpo. Incluso es un “secreto a voces” en otras intendencias y en la propia Gobernación de Alto Paraguay.
También se habla con insistencia de los jugosos “porcentajes” que reciben los concejales a la hora de votar las ejecuciones presupuestarias, solicitud de proyectos de licitaciones, entre otros relacionados al uso de los recursos públicos.
Otro punto que llama la atención es que, a pesar de denuncias de obras fantasmas o de sobrefacturaciones, los jefes comunales y departamentales siempre consiguen la aprobación de las ejecuciones presupuestarias que presentan. De esa manera, los ediles están incumpliendo su función de contralor del ejecutivo para la cual fueron electos.
Quizá el repentino buen pasar económico de algunos concejales también tenga su explicación en ese “secreto a voces”.
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