La reacción de la Comandancia de la Policía Nacional y de Asuntos Internos de la institución fue lógica: suspendieron a los supuestos involucrados y denunciaron el caso a la Fiscalía, anunciando que habrá “tolerancia cero” porque “es momento de sanciones ejemplificadoras a los corruptos”. Pero la verdad sea dicha: la recaudación paralela en la Policía Nacional data de tiempos inmemoriales.
Los narcos, los líderes de grupos delincuenciales, los que tienen antecedentes policiales y no quieren que los persigan, los que necesitan seguridad frente a sus grandes tiendas, todos pagan por “protección” y ese dinero, colectado por los de menor rango, llega hasta las instancias más altas. Esos datos incluso están documentados e informatizados.
El sistema de recaudación paralela es imparable hasta que, siempre por un hecho fortuito –como la circulación de un audio donde se da cuenta de eso– algún detalle toma estado público. Entonces se suspende en el puesto o se traslada a los involucrados –como en ese caso en particular– se anuncian sumarios y procesos penales con bombos y platillos y, tiempo después, vuelta la calma, todo sigue igual.
Se trata de escándalos que acaban en la nada porque directamente no existe voluntad política real, ni en filas policiales ni en el Ministerio del Interior, de acabar con este esquema corrupto que lleva años enriqueciendo con dinero de las mafias a unos cuantos, pero acaba salpicando a todos los miembros de la fuerza de seguridad por igual. ¿Algún indicio que nos lleve a pensar que esta vez será distinto?
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