Este reclamo público fue tomado por algunos sectores políticos de la oposición como una presión indebida. Santiago Peña, candidato a presidente por Honor Colorado, afirmó que el mandatario habló en esa ocasión “como ciudadano”. Lo manifestado por Peña apuntaría a confirmar lo que dijo de sí mismo en una entrevista: que su peor defecto era la candidez.
Luego de esta crítica oficial, los fiscales actuaron aceleradamente, imputaron a varios acusados, apresaron aparatosamente a Stiven Patrón y lo remitieron a la cárcel de Emboscada.
Lo notable es que Cartes, “como ciudadano”, no reclamó antes, por otros hechos tanto o más graves, celeridad a la fiscalía o al Poder Judicial y, menos aún, a la Policía Nacional o a la Fuerza de Tarea Conjunta, organismos estos dos últimos que dependen directamente de su administración.
Una mirada a vuelo de pájaro revela que durante la gestión de Horacio Cartes se sucedieron hechos de inseguridad muy graves que, hasta ahora, no han tenido resolución o respuesta efectiva de parte de las instituciones del Estado.
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Los casos más evidentes son los secuestros que aún se mantienen de Edelio Morínigo, Abrahán Fehr y Félix Urbieta por el fantasmagórico EPP. A ellos hay que sumar los de Arlan Fick, Hernán Silva, Rober Natto, Ericka Natto, Silvano Páez y Franz Wiebe. De esta última lista, la mayoría fueron liberados, a excepción de la pareja Natto que fue asesinada a tiros en enero de 2015.
Cartes no reclamó con tanta vehemencia la ejecución en una emboscada de 8 efectivos militares el 27 de agosto de 2016, en una de las acciones más sangrientas atribuidas al grupo criminal que, según dijo cuando asumió, no le marcaría la agenda.
Una publicación del diario ABC de setiembre de 2015 registraba que en los primeros dos años del gobierno de Cartes ya se habían producido 3 secuestros, 24 asesinatos (13 civiles, 3 militares y 8 policías) y 42 ataques del EPP. En agosto de 2016, la cifra de muertos trepó a 40.
Al presidente tampoco parece preocuparle mucho los asesinatos con el sello del crimen organizado que se produjeron a montones durante su administración. Uno de los más llamativos, por su espectacularidad fue el de Jorge Rafaat Toumani, señalado como “capo” narco, cuya ejecución el 16 de junio de 2016 quedó registrada en cámaras de seguridad, en las que se vio cómo le disparaban con un fusil antiaéreo calibre 50.
También el 5 de mayo de 2015 fue asesinado en pleno centro de Yby Yaú, en una feroz balacera, el exdiputado colorado Magdaleno Silva, su hijo Fernando, además de Isaac Peña y Félix Peña.
Antes y después ocurrieron otros crímenes violentos con mano de obra sicaria. El último caso de mucho impacto fue el asesinato y decapitación de dos mujeres: Adriana y Fabiana Aguayo, en Pedro Juan Caballero, la semana pasada.
En la era Cartes también asesinaron al periodista Pablo Medina y a su acompañante Antonia Almada, uno de los pocos crímenes que sería resuelto. Como autor moral está acusado Vilmar Acosta, intendente colorado de Ypejhú, cercano a la diputada oficialista Cristina Villalba, una de las políticas favoritas del presidente.
Ni el mandatario ni su entorno y tampoco gran parte de la ciudadanía parecen percatarse de que algo raro ocurre en este periodo para que haya tantos crímenes y secuestros.
Cartes no reclama con tanta vehemencia por el asesinato de Rodrigo Quintana a manos de Policías en la sede del PLRA. Pero sí sobre el atraco al Congreso, un hecho que, “casualmente”, precipitó su decisión de renunciar a buscar la reelección en el próximo periodo. Una cuestión de prioridades que no deja de ser llamativa.