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Esperamos que la Comisión Bicameral de Educación para reforma de la Educación Superior y ahora también la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acojan la colaboración y sugerencias que están proponiendo el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Consejo Nacional de Educación y Cultura (CONEC) y la Universidad Nacional de Asunción y otras universidades del Estado para mejorar el texto que el diputado Víctor Ríos presentó a la Cámara de Diputados.
No tendrá mucho sentido que, por acelerar el proceso, ante la necesidad de una ley de educación superior, se apruebe un texto de ley que tiene omisiones importantes y artículos no aceptables porque entran en colisión con la Constitución nacional, con la Ley General de Educación, con el Código Sanitario y con varias instituciones creadas por ley y que esta ley propone eliminar. Si la ley sale sin un consenso mayoritario, la ley no será respetada.
Pero supuesto que prevalezcan el diálogo y la colaboración entre todas las instituciones afectadas, queda en pie e intacta una pregunta fundamental: ya tenemos la ley y ¿ahora qué?
La ley contribuirá a poner en orden el subsistema de educación superior. Pero la ley no basta para realizar la reforma profunda que requiere la educación superior. La ley y la reforma son dos tareas diferentes; la ley es una herramienta para iniciar la reforma que la educación superior nunca acometió.
¿Quién debe coordinar la reforma de la educación superior?
Según la Constitución Nacional le corresponde al MEC. Así es en todos los países organizados. El MEC cuenta para ello con la ayuda institucional del CONEC, de acuerdo a la misión, objetivos y funciones que le otorga la Ley General de Educación. Y ciertamente con la anuencia y colaboración proactiva de todas las instituciones de la educación superior.
Dejar la reforma solamente en manos de las instituciones de educación superior no es realista. Tan poco realista y posible como si a la hora de haber iniciado la reforma educativa del sistema escolar se hubiera dicho a todas las escuelas y colegios que tienen que reformarse y que empiecen a hacerlo.
Que la educación superior necesita la reforma creo que nadie lo duda. Se necesitaría estar ciegos para pensar que podemos seguir como estamos. Y aunque la apreciación del bajo nivel generalizado (hay excepciones) de nuestra educación superior sea evidente, la verdad es que aún no tenemos ningún diagnóstico exhaustivo para poder calificar el estado de todo el subsistema. Hay algunos ensayos de consultorías o análisis de puntos muy concretos y parciales, pero la verdad es que ni siquiera podemos aproximarnos al diagnóstico cuantitativo, porque carecemos incluso de estadísticas oficiales en este estadio de la educación.
Por supuesto que hay que hacer un proyecto común de reforma del subsistema de educación superior, con un plan estratégico. ¿Quién lo haría? La única institución con capacidad potencial e incumbencia legal para hacerlo es el MEC. El MEC no podrá hacerlo por sí solo, si no cuenta con la ayuda del CONEC y con la colaboración integrada de todas las instituciones de la educación superior.
Más todavía, todo esto que es solamente alusión a lo mínimo que supone encarar una reforma es utópico o puro deseo y manifestación de buena voluntad, si no se cuenta con un buen presupuesto de financiación por parte del Estado. Soñar con una reforma de este volumen sin invertir fondos del Estado en ello, es pérdida de tiempo. El presupuesto de gastos de la Nación del próximo año tiene que adjudicar a la reforma de la educación superior un monto elevado si queremos que suceda algo.
Y debe quedar claro que lo que se dé para la reforma de la educación superior no es gasto, sino la mejor inversión para el desarrollo del país y de la ciudadanía en múltiples dimensiones. La educación superior es la instancia más importante para el desarrollo social, económico, político y moral de la nación, sencillamente porque es ahí donde se forman los profesionales y los productores cualificados de conocimientos, bienes y servicios.
jmontero@conexion.com.py
No tendrá mucho sentido que, por acelerar el proceso, ante la necesidad de una ley de educación superior, se apruebe un texto de ley que tiene omisiones importantes y artículos no aceptables porque entran en colisión con la Constitución nacional, con la Ley General de Educación, con el Código Sanitario y con varias instituciones creadas por ley y que esta ley propone eliminar. Si la ley sale sin un consenso mayoritario, la ley no será respetada.
Pero supuesto que prevalezcan el diálogo y la colaboración entre todas las instituciones afectadas, queda en pie e intacta una pregunta fundamental: ya tenemos la ley y ¿ahora qué?
La ley contribuirá a poner en orden el subsistema de educación superior. Pero la ley no basta para realizar la reforma profunda que requiere la educación superior. La ley y la reforma son dos tareas diferentes; la ley es una herramienta para iniciar la reforma que la educación superior nunca acometió.
¿Quién debe coordinar la reforma de la educación superior?
Según la Constitución Nacional le corresponde al MEC. Así es en todos los países organizados. El MEC cuenta para ello con la ayuda institucional del CONEC, de acuerdo a la misión, objetivos y funciones que le otorga la Ley General de Educación. Y ciertamente con la anuencia y colaboración proactiva de todas las instituciones de la educación superior.
Dejar la reforma solamente en manos de las instituciones de educación superior no es realista. Tan poco realista y posible como si a la hora de haber iniciado la reforma educativa del sistema escolar se hubiera dicho a todas las escuelas y colegios que tienen que reformarse y que empiecen a hacerlo.
Que la educación superior necesita la reforma creo que nadie lo duda. Se necesitaría estar ciegos para pensar que podemos seguir como estamos. Y aunque la apreciación del bajo nivel generalizado (hay excepciones) de nuestra educación superior sea evidente, la verdad es que aún no tenemos ningún diagnóstico exhaustivo para poder calificar el estado de todo el subsistema. Hay algunos ensayos de consultorías o análisis de puntos muy concretos y parciales, pero la verdad es que ni siquiera podemos aproximarnos al diagnóstico cuantitativo, porque carecemos incluso de estadísticas oficiales en este estadio de la educación.
Por supuesto que hay que hacer un proyecto común de reforma del subsistema de educación superior, con un plan estratégico. ¿Quién lo haría? La única institución con capacidad potencial e incumbencia legal para hacerlo es el MEC. El MEC no podrá hacerlo por sí solo, si no cuenta con la ayuda del CONEC y con la colaboración integrada de todas las instituciones de la educación superior.
Más todavía, todo esto que es solamente alusión a lo mínimo que supone encarar una reforma es utópico o puro deseo y manifestación de buena voluntad, si no se cuenta con un buen presupuesto de financiación por parte del Estado. Soñar con una reforma de este volumen sin invertir fondos del Estado en ello, es pérdida de tiempo. El presupuesto de gastos de la Nación del próximo año tiene que adjudicar a la reforma de la educación superior un monto elevado si queremos que suceda algo.
Y debe quedar claro que lo que se dé para la reforma de la educación superior no es gasto, sino la mejor inversión para el desarrollo del país y de la ciudadanía en múltiples dimensiones. La educación superior es la instancia más importante para el desarrollo social, económico, político y moral de la nación, sencillamente porque es ahí donde se forman los profesionales y los productores cualificados de conocimientos, bienes y servicios.
jmontero@conexion.com.py