Si bien el ministro no se refirió a otra deuda, es indudable que está en conocimiento de la controversia entre la EBY y el grupo Eriday-UTE, la que comportaría un compromiso del orden de los US$ 800 millones, monto que puede variar de acuerdo con el resultado del arbitraje en proceso.
Por otra parte, también divulgaron los medios escritos en estos días que Ebisa estaría arrastrando una deuda del orden de los US$ 2.600 millones por la energía que retiró de Yacyretá y que la misma estaría aumentando en el orden de los US$ 800 millones a US$ 900 millones por año.
Sin entrar a cuestionar los valores informados, por ser estimativos, realizaremos una simulación de cómo afectaría a estos montos la aplicación de la Cláusula IX-Revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, que imperativamente establece que luego de transcurridos 40 años de vigencia del Tratado de Yacyretá, cada Alta Parte Contratante del Tratado de Yacyretá deberá cancelar la totalidad de la deuda de la entidad en la proporción en que utilizó la producción de energía de la binacional.
Sumando las deudas mencionadas más arriba, es decir, con el Gobierno argentino, más las deudas por compensación por territorio inundado, más el valor estimativo relativo al arbitraje en proceso, totalizamos una deuda estimada de US$ 7.500 millones. A este monto le restaremos la deuda que mantiene Ebisa con la EBY, de US$ 2.600 millones, operación tras la cual quedaría como deuda total de la EBY la suma de US$ 4.900 millones.
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Según los registros de la binacional, desde el inicio de la operación de las unidades generadoras de Yacyretá hasta la fecha, la producción energética de la central fue utilizada en la siguiente proporción; 6% Paraguay y 94% Argentina. Aplicado estos porcentajes a la deuda total estimada de Yacyretá obtenemos que el compromiso de pago de Argentina por la deuda de Yacyretá es de aproximadamente US$ 4.606 millones. La responsabilidad del Paraguay sobre la deuda es de US$ 294 millones.
Considerando que Yacyretá debe al Paraguay en torno a US$ 1.000 millones en concepto de compensación por territorio inundado, es posible descontar de este monto el compromiso de pago del Paraguay de US$ 294 millones y con el saldo arreglar las deudas de la ANDE con el Banco de la Nación Argentina y por consumo de energía, que sumados no superan los US$ 200 millones. En conclusión, a la fecha es Yacyretá la que le debe al Paraguay, aún después de pagar su parte (6%) del pasivo pendiente de la entidad binacional. En el peor de los casos, si no se obtuviere la quita de las actualizaciones, el efecto de esta en el monto a ser pagado por el Paraguay es siempre ínfimo, esto debido al casi nulo consumo de la ANDE de la energía de Yacyretá a lo largo de todos estos años.
Considerando lo expuesto, sería interesante que el grupo de empleados de la Cancillería y de Yacyretá impulsen con mayor dinamismo la aplicación de lo que establece el Anexo C y dejen de insistir en la aplicación de las modificaciones que fueron propuestas para el Anexo A, que en nada favorece al país y, en realidad, se constituye en un elemento distractor para retardar o distorsionar la aplicación del Anexo C, por motivos probablemente inconfesables.
Resulta muy llamativo el hecho que las autoridades de la binacional, lado paraguayo, pontifiquen en el sentido de que debe encontrarse un monto de la deuda que sea factible de pagar con la tarifa.
Pareciera que aún no quedó claro, a los empleados de la binacional por lo menos, que una vez aplicado lo establecido en el Anexo C, la futura tarifa no deberá incluir ninguna parcela en concepto de pago de deuda. Resulta alentador el hecho que el ministro secretario Juan Carlos López Moreira haya denunciado recientemente ante la opinión pública nacional que durante el proceso de negociación de la novación, en el año 2006, los empleados paraguayos difundieron profusamente que los montos considerados eran exclusivamente el capital de la deuda, a pesar de que incluían los intereses.
También es oportuno recordar que nunca fue informado sobre la documentación respaldatoria del Decreto 612/86 de Argentina. Ambos hechos, muy relevantes en el manejo financiero de la binacional, permanecieron ocultos en la EBY, probablemente de las autoridades nacionales y con seguridad, de la población en general.
El Gobierno nacional a cargo del presidente Horacio Cartes debería informar a través de su ministro secretario, en su carácter de negociador, acerca de los temas atinentes a la Entidad Binacional Yacyretá, como ya lo hiciera recientemente, sobre cómo quedaría la situación financiera de Yacyretá luego de la aplicación de la Cláusula IX -Revisión del Anexo C, para tranquilidad de la población paraguaya.
(*) Presidente de la Aisep.
orlandovaldes@outlook.com