El 9 de octubre, la mayoría en Diputados salvó de la expulsión a Carlos Portillo (PLRA, efrainista), Tomás Rivas (ANR, cartista) y Ulises Quintana (ANR, Añetete). El primero fue grabado pidiendo coima para conseguir sentencias judiciales; el segundo usaba fondos públicos para pagar salarios de empleados particulares, y el tercero es acusado de financiar su campaña con dinero narco. (Ver el cuadro).
Esto se debe a que la Cámara de Diputados no tiene miedo de la ciudadanía. A lo largo del año y pese a los ruegos de ciudadanos de todo el país, los legisladores han blanqueado a numerosos intendentes acusados de corrupción y lavadores de dinero narco, gracias a un pacto de impunidad entre cartistas, abdistas y llanistas.
A esto se suma el total despilfarro presupuestario en operadores. Recientemente decidieron blanquear el desfalco financiero de G. 2.000 millones que produjo la presidencia interna del imputado Miguel Cuevas (Añetete), quien repartió cupos para sí mismo y los diputados que ahora lo protegen.
Esta Cámara tampoco tuvo reparos en poner todo tipo de obstáculos a la denominada ley “antichicanas” ya que todos los procesados usan estos incidentes para salvarse de la Justicia.
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La ciudadanía tampoco debe olvidar que los diputados lograron cercenar la transparencia de la “ley de declaraciones juradas de bienes” para que la información sobre sus bienes siga “protegida” salvo que exista “orden judicial”.