En entrevista en el programa “No tiene Nombre” de Radio ABC Cardinal 730 AM, Rasmussen señaló ayer a la mañana que los vínculos del caso Messer en nuestro país era un secreto a voces del que siempre se hablaba y no había algo concreto hasta que saltó ahora desde Brasil. No obstante, apuntó que todavía quedan muchas dudas, ya que aún no llegó la orden de detención de Horacio Cartes a nuestro país.
Independientemente a eso, este caso evidencia una vez más que el dinero, procedimiento del lavado, y del narcotráfico está ligado a la política, que se demuestra no solo en este caso sino también en el de la exdiputada Cynthia Tarragó (ANR) y el del acusado exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista).
Apuntó que es evidente que se deben hacer mayores esfuerzos sobre todos los organismos jurisdiccionales.
Sobre la posibilidad de un juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez, Rasmussen dijo que no lo evaluaron en el partido ni en la bancada, aunque admitió que hay reclamos de varios legisladores de PQ hacia su gestión al frente del Ministerio Público.
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“Evidentemente, llama la atención que al menos no haya investigaciones abiertas, porque ese es su papel, investigar y, eventualmente, si encuentra algo, imputar”. Consideró que lo nuevo es ahora lo de la fiscalía del Brasil y que lo más importante es investigar el lavado de dinero en nuestro país y su ligazón con el “Lava Jato”. “Hay que seguir la ruta del dinero, como se suele decir”, señaló.
Resaltó la necesidad de que se llegue a los responsables y la importancia de que no se quede todo nuevamente en el “oparei”.
No se cumple la ley, lamentan
Rasmussen dijo que se habla mucho del no funcionamiento de la ley de financiamiento político, pero en realidad el problema no está en la ley, ya que se hicieron modificaciones en las que está muy claro lo que se debe hacer, como rendir todos los ingresos, todos los gastos a través de cuentas bancarias del Banco Nacional de Fomento. “El problema es el incumplimiento de la ley. Pocos son los partidos que la cumplen y que realmente rinden todo el dinero que usan en campaña”, señaló. Agregó que el TSJE debería investigar y eventualmente derivar a la Fiscalía. Apuntó que ahora el TSJE es un “controlador de papeles”, no de realidades, ya que se puede gastar US$ 10 millones, pero rendir US$ 100.000.