En el Ministerio Público, a cargo de la fiscala general, Sandra Quiñónez, desde marzo de 2018, duermen numerosas conclusiones de Comisiones Conjuntas de Investigación del Senado o denuncias remitidas por los senadores. Quiñónez fue nombrada con fuerte apoyo del cartismo y desde un principio se auguró impunidad para este sector. Actualmente el Frente Guasu evalúa presentar un pedido de juicio político en su contra (ver reproducción facsimilar).
Los registros señalan que la titular de la Fiscalía al asumir “heredó” el polémico informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) presentado en el Congreso por el entonces senador opositor de PDP y actual titular de dicho ente, Arnaldo Giuzzio.
En ese entonces fueron vinculados al narcotráfico el diputado reelecto Freddy D’Ecclesiis (ANR, Añetete) y el actual senador suplente y exdiputado Bernardo “Lalo” Villalba (ANR, cartista).
Así también aparecían en dicho informe el exdiputado Marcial Lezcano (ANR, cartista); el exdiputado suplente Carlos “Chicharõ” Sánchez y la intendenta reelecta de Nueva Germania (San Pedro) Alicia González de Saiz (ANR), entre otros. Tras cinco años nunca hubo respuesta desde la Fiscalía, dijo Giuzzio recientemente.
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El Frente Guasu busca votos contra Quiñónez por la inacción fiscal ante las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación del Caso Messer, en que se identificó a funcionarios del gobierno de Horacio Cartes que colaboraron para ocultar un esquema de lavado de dinero en nuestro país. A seis meses no hay ningún imputado, dijo recientemente Jorge Querey (FG), relator de la Comisión.
El miércoles último la Comisión Bicameral de Investigación presentó conclusiones sobre el escándalo del Acta Bilateral del 24 de mayo pasado que casi tumbó al presidente Mario Abdo Benítez a un año de gestión.
Los fiscales Marcelo Pecci, Liliana Alcaraz y Sussy Riquelme convocaron al vicepresidente Hugo Velázquez y otros, pero el caso no avanzó.
PLRA ya intentó juicio político
La fiscala general, Sandra Quiñónez, siempre fue considerada como “la candidata” de Horacio Cartes y que así se aseguraba la impunidad fuera del Poder. Por ello en marzo de 2018 liberales ya amenazaron con el juicio político por 1) la falta de resultados en caso de asesinato del capitán Enrique Piñánez, 2) Escuchas ilegales sin orden judicial y 3) no haber investigado a la diputada cartista Cristina Villalba con el narco Vilmar “Neneco” Acosta.
Los liberales también cuestionan a Quiñónez la falta de resultados en el asesinato de Rodrigo Quintana dentro del PLRA.