Los ministros de la Corte Suprema continúan sin resolver si integrarán o no la Sala Constitucional para analizar la citada acción de inconstitucionalidad planteada ya en julio de 2018 por la Contraloría General de la República para mantener a escondidas las declaraciones juradas de bienes de las más altas autoridades de la República.
Las sentencias que aprobaron la divulgación de aquellos documentos fueron favorables al reclamo del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien había accionado judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de los bienes.
El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por nuestro compañero de trabajo.
El Tribunal de Apelación, primera sala, ratificó el 7 de junio de 2018 la histórica sentencia de primera instancia.
El presidente de la Corte Suprema, Eugenio Jiménez Rolón, solicitó la ampliación de la Sala Constitucional al pleno para analizar el caso, dando lugar a lo planteado por la defensa de Lezcano. Sin embargo, la solicitud de ampliación terminó siendo utilizada como un elemento más de dilación.
La Sala Constitucional estaba conformada inicialmente para resolver este caso por Eugenio Jiménez Rolón, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica; estas últimas rechazaron las recusaciones en su contra a pesar de que sus declaraciones juradas están incluidas en las solicitudes.