La Contraloría General dio cumplimiento parcial ya ayer a la determinación del magistrado y apenas un par de horas después ya había publicado las declaraciones juradas de cerca de una veintena de altos funcionarios públicos.
El magistrado Raúl Florentín hizo lugar a la acción de amparo constitucional presentada por David Riveros, director de la ONG reAcción; y María Esther Roa, de la Comisión de Ciudadanos Autoconvocados; quienes fueron representados por los abogados Natalia Glagiardone Dos Santos y Federico Legal Aguilar contra la Contraloría General de la República.
De esta manera, el juez penal de Garantías ordenó la publicación en la página web institucional de la CGR la publicación de las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de las autoridades y funcionarios que estén mencionados en el artículo N° 3 de la Ley 6524/20, que declara el estado de emergencia en el territorio nacional ante la pandemia del covid-19 y también de los proveedores contratados en este marco.
Además, se debe incluir a las instituciones que fueron incluidas con posterioridad por el Poder Ejecutivo como vinculadas a la atención de la emergencia (ver infografía).
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Así, las declaraciones juradas del presidente de la República, Mario Abdo Benítez; y del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; también deberían ser publicadas.