En el caso de la adquisición de las mascarillas por la Dinac de la empresa Proyectos Global SA consistiría en que funcionarios infieles habrían utilizado como mecanismo para desviar indebidamente fondos públicos, la figural legal de la compra de bienes en virtud de las normativas dispuestas en materia de Contrataciones Públicas y acorde a las nuevas directrices dictadas por el Gobierno ante las medidas sanitarias impuestas en el marco de mitigación a la propagación del covid-19, en todo el territorio nacional. Así sostiene el Ministerio Público en la imputación que presentó contra los involucrados en el sonado caso.

Para posibilitar el esquema a través del cual se desviaron fondos públicos, se habría utilizado a la empresa Proyectos Global SA, que de antemano, a través de sus accionistas, habría tenido conocimiento de la operativa para ofrecer las mascarillas que requeriría la Dinac y de esa manera completar el circuito del fraude, que causó un daño de G. 59.960.000.

Global SA tiene como presidenta a Katherine Pamela Toñánez Vera y como director a Carlos Alberto Franco Vargas, quien figura como conductor contratado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Según el escrito del Ministerio Público, mediante esta compra que hizo la Dinac, se habría posibilitado desviar los fondos públicos, utilizando la figura legal de la compra directa de mascarillas por vía de la excepción, simulando el cumplimiento de todos los trámites administrativos para realizar el llamado correspondiente, cumpliendo con los procesos básicos en materia de contrataciones públicas y de esa forma justificar la adjudicación a la empresa Proyectos Global SA, como supuesto proveedor de las mascarillas requeridas por la Dinac.

En el marco de ese contrato, la Dinac abonó de su patrimonio la suma de G. 119.500.000. Sin embargo, habría recibido como contraprestación 4.000 mascarillas por un valor no equivalente a la suma abonada, sostiene la imputación que presentó la fiscalía.