El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Derlis Maidana (ANR, cartista), dijo que si bien están de acuerdo con las políticas de racionalización de los recursos del Estado, plantean la postergación en general y en particular de la norma en estudio para “afinar” el proyecto de ley.
Consideró que hay cuestiones que deben ser corregidas y que las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación, Presupuesto y Asuntos Económicos no pudieron dictaminar el proyecto, razón por la cual pedían un aplazamiento de 15 días.
El diputado Édgar Acosta (PLRA), titular de la comisión de Cuentas, Control y Ejecución Presupuestaria, indicó que deben actuar como cámara revisora ya que existen errores de forma y de fondo. Mencionó que fue bueno escuchar a las autoridades y dijo que si bien para la ANDE la publicidad es un gasto superfluo, para la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) no lo es, ya que depende de ese rubro para cumplir con su rol. Mocionó la aprobación en general y su estudio en particular en 15 días.
Por su parte, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ) recordó que el proyecto ya fue aprobado hace 21 días, por lo que correspondía como mínimo aprobar en general, que implicará dar una señal y una posición de la Cámara de Diputados a favor de recortar los gastos superfluos y privilegios.
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Insistió a sus colegas en dar esa señal clara de querer terminar con el “carnaval” y que la administración pública buscará servir al pueblo y no servirse del pueblo. También dijo que al no existir la intención de aprobar el proyecto a medias, la ciudadanía interpretará que no existe la voluntad de discutir el proyecto o que directamente se pretende rechazar la norma que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
El diputado Basilio Núñez, líder de la bancada cartista, dijo que su bloque no iba a votar por la aprobación en general porque el dictamen de Cuentas no fue socializado. Pidió 15 días y luego dijo que el Senado tuvo ocho meses el proyecto y que como mínimo deberían tener dos meses.
Kennedy citó falencias de la norma
El diputado Celso Kennedy (PLRA) informó que el proyecto de ley que recorta los gastos superfluos y privilegios cuenta con varias incongruencias tales como el tope salarial de la Función Pública que no deberá superar al del presidente de la República (G. 37 millones). Indicó que con la ley de presupuesto que se estudia cada año se podría elevar el salario del jefe de Estado para determinar un nuevo tope. Añadió estar interesado en conocer el informe de Hacienda sobre quiénes son los funcionarios que ganan más que un legislador. Indicó que en el proyecto se prohíbe la compra de combustibles para altas autoridades, salvo que sea una misión, a lo que se preguntó quién determinaría si es o no superfluo.