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A dos años del 31-M, ¿quién dio la orden?

Este artículo tiene 7 años de antigüedad

A dos años del intento de violación constitucional para lograr el rekutu de Horacio Cartes y Fernando Lugo, aún no se sabe quién dio la orden superior para el atraco policial al PLRA, que concluyó en la madrugada del 1 de abril con el asesinato de Rodrigo Quintana.

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Un día como hoy, 31 de marzo (31M) de 2017, los jóvenes y algunos políticos salieron a las calles para rechazar el intento de senadores colorados cartistas, liberales llanistas, oviedistas y del Frente Guasu (FG) quienes se aliaron para impulsar en una sesión “mau”, la enmienda inconstitucional. El objetivo era lograr a toda costa la reelección presidencial, que iba a beneficiar al entonces jefe de Estado Horacio Cartes (ANR) y al destituido mandatario y senador Fernando Lugo (FG).

La ciudadanía rechazó de manera furibunda dicho plan, incendiando la Cámara de Senadores. Este hecho desató una “cacería” por las calles de Asunción, donde los policías detuvieron a varias personas que fueron llevadas a la Agrupación Especializada donde se llegó a contabilizar 211 detenidos. Posteriormente, un grupo de uniformados se dirigió hasta el edificio del PLRA, en la madrugada del 1 de abril, ingresaron sin orden judicial, disparando sus escopetas, impactando en la humanidad del joven Rodrigo Quintana, quien perdió la vida al instante. A dos años de ese hecho, aún se desconoce quién dio la orden superior a los policías para dejar que el Congreso sea quemado y para atracar el PLRA.

Casos judicializados

El 31M dejó varios casos que fueron a parar a la justicia y el principal es el que investiga la muerte de Quintana. Por este caso está acusado como autor del crimen el suboficial Gustavo Florentín, además del oficial Guido Amarilla y el comisario Tomás Paredes Palma. Actualmente el caso está parado por una recusación contra el juez Alcides Corbeta.

También existen otros expedientes abiertos como el de la fabricación de bombas molotov dentro del PLRA. En este caso el juez Gustavo Amarilla elevó el expediente a juicio oral y público, donde Stiben Patrón, Luis Osvaldo Sánchez, Brian Esteban Martínez y Rubén Galeano Cáceres, están procesados por el hecho punible de fabricación ilícita y hechos punibles conexos establecidos en la Ley 4036/10, referente a armas y explosivos.

El magistrado admitió que en el juicio sean llamados Cartes y su exasesor José Ortiz, a quienes a través de un cruce de llamadas se responsabiliza de haber dado la orden de atacar el PLRA.

Por el ataque y quema del Congreso, se había imputado a una veintena de personas entre ellas, el senador de Cruzada Nacional Paraguayo Cubas. En una audiencia preliminar, 18 fueron sobreseídos entre ellos Cubas, pero fue acusado Luis Osvaldo Cáceres. El suboficial Rodi Javier Rivas Román fue procesado por agresiones físicas y pedido de coima.

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