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El lavado de dinero es la consecuencia de la abundancia de recursos económicos como resultado del narcotráfico, el contrabando de armas, cigarrillos y otros ilícitos. Los delincuentes necesitan invertir ese dinero, para lo cual este debe ser blanqueado, es decir, que pueda ingresar al sistema financiero con un origen justificado, sin cuestionamiento judicial.
Las instituciones bancarias y financieras y los funcionarios públicos que se niegan a ver las evidencias sobre el origen espurio transgreden la Ley 1015/97 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, más conocida como ley de lavado de dinero. Esta ley lleva 20 años de vigencia en Paraguay y relativamente pocos delincuentes caen en sus redes, ya que en 2015 fueron enjuiciadas 7 personas y solo tres en 2016. El informe norteamericano resalta como positivo que Tributación ejecutó órdenes de registro por uno de los mayores blanqueos de dinero de la historia por US$ 1.200 millones a fines del año pasado.
1.200 millones de dólares
Esta referencia tiene que ver con la intervención judicial del 10 de noviembre de 2016 a cargo de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Hernán Galeano, Claudia Morys y José Dos Santos, quienes realizaron en Ciudad del Este y Asunción más de 20 allanamientos simultáneos por dos días en empresas que serían de maletín y se incautaron de documentos, equipos informáticos y facturaciones.
Los procedimientos respondieron a denuncias sobre sospechosas interconexiones de socios y representantes legales comunes de empresas, aparentemente con el fin de encubrir a los verdaderos dueños. Estas empresas tuvieron movimientos bancarios, consistentes en transferencias al exterior por un aproximado de US$ 1.200 millones.
Las empresas son de fachada, o de papel a cargo de testaferros. “Algunas empresas ni se encontraban donde deberían estar, según los registros bancarios y la Subsecretaría de Estado de Tributación”, dijo el fiscal Espinoza. Omar Guerín Velazco, que aparece como uno de los socios y representante legal de una de las firmas, en realidad es un guardia de seguridad del edificio Punto Com.
Otro informe que nos condena
En el mes de agosto pasado, por sexto año consecutivo, Paraguay volvió a ubicarse en primer lugar entre los países de América Latina en el ranking de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que realiza cada año el Instituto Basilea Gobernanza, entidad sin fines de lucro, cuyo informe es usado por el sector privado como una herramienta considerada de calificación de riesgo.
Ahora que los partidos políticos seleccionaron a quienes serán sus representantes en las elecciones generales de 2018, la ciudadanía tiene la obligación no solamente de votar sino de fijarse atentamente en los candidatos, sus negocios y vinculaciones con personas, grupos y organizaciones dedicadas a actividades sospechosas.
No existe ninguna obligación de votar a quienes se enriquecieron ilegítimamente con la corrupción, a quienes trafican influencias buscando matar las instituciones republicanas y a quienes tratan de esconder el origen de sus bienes. Las leyes creadas para frenarlos no sirven para nada, a pesar de las instituciones pertinentes. Solo el voto ciudadano puede evitar que esta gente pueda continuar acumulando poderes y seguir burlando la ley. Bótelos y elija en cambio a personas que por lo menos cuentan con prontuarios limpios.
ebritez@abc.com.py