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La semana pasada el proyecto de ley que reglamenta el Art. 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura no pudo ser tratado por falta de quorum.
La norma plantea una mayoría absoluta (23 votos en Senado y 41 en Diputados) para que un diputado o senador sea expulsado del Congreso por uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
El año pasado, el pedido de pérdida de investidura promovido por diputados de la oposición se hizo a un lado, bajo la excusa de que no existía un procedimiento para destituir a un parlamentario. Durante la tramitación del citado proyecto de ley ya fueron expulsados: Víctor Bogado (cartista) y Dionisio Amarilla (PLRA, llanista) de la Cámara Alta.
La semana pasada, la abogada María Ester Roa, en representación del grupo Ciudadanos Autoconvocados y Comisión Escrache, presentó una nota al titular de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), urgiendo que se trate la pérdida de investidura del acusado diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista).
Otro de los legisladores que por ahora se salvan de ser expulsados es el diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), imputado por el caso “caseros de oro”. Hace un año que viene chicaneando el caso para no llegar a la condena.
El titular de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA), había solicitado a sus colegas aceptar parcialmente las modificaciones del Senado, ratificarse en los firmantes para impulsar la pérdida de investidura, ya que Diputados plantea 16 firmas y el Senado 20.