“A fin de optimizar la tarea fiscal y teniendo en cuenta la complejidad del caso, se hace necesario designar a un agente fiscal para intervenir como coadyuvante en la causa de referencia, con las atribuciones propias del cargo, sin perjuicio de la intervención de la fiscala de origen”, refirió el fiscal general Javier Díaz Verón al fundamentar su resolución.
En la misma, Díaz Verón hace referencia a un dictamen de la Dirección del Gabinete Fiscal, a cargo de Roberto Zacarías.
La asignación llamó la atención, ya que la titular Sandra Quiñónez –actual candidata a fiscal general– ya tiene coadyuvante en la causa, el fiscal de Curuguaty Vicente Rodríguez.
De hecho, además de Rodríguez, en un principio ha sido igualmente designado como fiscal coadyuvante Jorge Romero, quien también se desempeña como fiscal en Curuguaty.
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Sin embargo, hasta el momento Romero no ha aparecido aún en juicio, probablemente porque no se designó a un agente que lo reemplace en su unidad.
Asimismo, fuentes judiciales indicaron que no existe pedido alguno de “refuerzo” de los agentes intervinientes, por lo que incluso se especula que sería parte de una guerra de nervios, en atención a que el lunes próximo Quiñónez tiene audiencia prevista ante el Senado para exponer su propuesta como aspirante a titular de la Fiscalía General del Estado.
Rachid, quien en enero pasado retomó sus funciones como fiscal tras renunciar al cargo de viceministro de Seguridad Interna, tuvo a su cargo el juicio a campesinos por la matanza de Curuguaty ocurrida en 2012. En ese juicio fueron su contraparte los abogados Ricardo Paredes y Amelio Sicos, quienes ahora asisten a Vilmar.
La semana pasada, Rachid fue blanco de una serie de críticas por pedir para el ambientalista Rubén Figueredo 3 años y 6 meses de cárcel por acopiar “sin autorización” pilas.
Pero el fiscal general puso “paños fríos” a la cuestión y dijo que el nombramiento de Rachid es solo para la audiencia de este lunes y tiene el objetivo de reemplazar a la fiscala Quiñónez, quien comparecerá ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para exponer sus planes de trabajo para la fiscalía general.
AUDIENCIA SIGUE EL LUNES
El juicio por el asesinato de Pablo Medina, corresponsal de nuestro diario en Curuguaty, sigue el lunes con el relato de testigos. El periodista fue muerto a balazos por dos sicarios en un camino rural de Villa Ygatimí, en la tarde del 16 de octubre de 2014. Antonia Almada, estudiante de Análisis de Sistemas, de 19 años, quien viajaba con el periodista en el asiento del acompañante de la camioneta, también murió en la ocasión.
La Fiscalía acusó al ahora exintendente Vilmar Acosta por instigación de homicidio doloso, cuya expectativa de pena es de hasta 30 años de cárcel. El político, actualmente preso en Tacumbú, fue capturado en el Brasil (Mato Grosso do Sul) el 5 de marzo de 2015 y fue extraditado el 17 de noviembre del mismo año.