Por segunda vez en su carrera de funcionario público, el síndico de quiebras del Cuarto Turno del Poder Judicial, Carlos Andrés Couchonnal, cae en la sospecha de enriquecimiento ilícito.

En el 2007, la Contraloría General de la República remitió dudas sobre el origen de los bienes del citado, al hallar que tenía un patrimonio de más de G. 1.000 millones, pues en su primera declaración jurada admitió no poseer inmuebles.

Ahora, después de 10 años, el jurista Pablo Díaz Guerrín denunció a Couchonnal ante la Fiscalía por un supuesto “desacato, frustración de la ejecución individual, lavado de dinero, cobro indebido de honorarios y enriquecimiento ilícito”, ya que según refiere, el funcionario lleva una vida de lujos digna de ser investigada.

Los registros catastrales señalan que en el 2015 Couchonnal y su esposa, la fiscala de la niñez Fátima Escobar, estrenaron una residencia en el barrio Mburicaó, que de acuerdo con el denunciante está tasada en unos US$ 800.000.

En el reclamo presentado se pide a la Fiscalía y a Seprelad que averigüen sobre las propiedades, estancia, vehículos y movimiento de dinero de la pareja. “Incluye a la señora, por cómplice”, subrayó Díaz Guerrín.

“La denuncia por desacato es porque el señor Couchonnal se niega a devolverle a mi cliente María Jobelí Melgarejo la suma de G. 2.500 millones por una propiedad de la quiebra del Banco Unión que la señora habría intentado cobrar pero nunca se pudo materializar y que ya ha sido confirmada hasta en la Corte Suprema de Justicia”, explicó Díaz Guerrín. Cobro indebido, supuesto planillerismo son otros de los hechos mencionados en la denuncia contra el alto funcionario judicial.

Ante la consulta sobre el caso, Couchonnal respondió: “Hoy me será imposible por cuestiones personales. Creo que en persona podremos exponer mejor lo que necesite saber”. Dijo que visitará hoy nuestra redacción para hablar.