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Aseretto señaló que durante la dictadura que duró desde 1954 hasta 1989, la Policía se encargaba de reprimir a la población urbana con el propósito de abolir las organizaciones que conservaban independencia y capacidad de movilización, como los sindicatos de trabajadores y centros de estudiantes. En tanto, indicó que la Fuerzas Armadas combatían cualquier intento de insurgencia en el interior del país, con el concurso de milicianos colorados, bajo tutela militar.
Apuntó que el régimen stronista hizo aprobar leyes represivas, como la famosa Ley 209/70 “de defensa de la paz pública y libertad de las personas” y la Ley 294/55 “de defensa de la democracia”.
Aseretto señaló que con la vigencia de estas leyes represivas fueron detenidos miles de ciudadanos sin que tuvieran derecho a la defensa. Como casos emblemáticos, mencionó los de Napoleón Ortigoza, Francisco Ortellado y Escolástico Ovando. Ortigoza fue condenado a pena de muerte luego conmutada a 25 años de prisión en un juicio plagado de irregularidades luego declarado nulo en democracia.
El abogado mencionó también que altos exponentes del poder autoritario se alababan mutuamente por la “paz y progreso” que vivía la república mientras en las cárceles, el departamento de Investigaciones y en las delegaciones de gobiernos se torturaba y se asesinaba a indefensos presos. Muchas veces, estos detenidos eran personas caídas en desgracia por la mera delación de algún soplón que quería congraciarse con el dictador.
Recordó que en esa época de estado de sitio permanente, las personas eran detenidas y torturadas sin orden judicial, ya que el Poder Judicial había abdicado a sus funciones para ser sometido al poder del tirano.
Indicó que la Constitución nacional era letra muerta, el habeas corpus y el amparo no eran tramitados por la justicia. También miles de campesinos estudiantes y obreros fueron apresados, para pasar largos años en las mazmorras policiales. Los ranchos campesinos eran incendiados y los jefes de familia, es decir los padres, eran ejecutados frente a sus hijos y esposas.
Recordó que el informe de la Comisión de Verdad y Justicia constató que durante la dictadura hubo 20.090 víctimas en sus DD.HH., 19.862 personas detenidas, ilegalmente, 59 personas ejecutadas extrajudicialmente, 336 personas desaparecidas y 3.470 personas y sus familiares fueron exiliadas.
Varios de los responsables nunca fueron juzgados.
Paralelismo cartismo-stronismo
Los hechos ocurridos entre el 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, durante la crisis que se produjo por el intento oficialista de aprobar la ilegal reelección vía enmienda, hicieron recordar los actos de barbarie cometidos por el régimen del dictador Alfredo Stroessner, señaló el abogado Rodolfo Aseretto. Al respecto, dijo que exigían condena para todos los involucrados en el asesinato del joven dirigente Rodrigo Quintana, durante el atraco al local del PLRA. Señaló que la dictadura con su legado de terror, corrupción, crímenes y desigualdades debe ser desterrada para siempre del Paraguay.