Acorralado, Ferreiro pide a fiscalía ser investigado sobre los audios

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Tras las críticas en redes sociales y medios, el senador de Avanza País, Adolfo Ferreiro, solicitó ayer a la Fiscalía que lo investigue por presunto tráfico de influencias. El legislador aparece en uno de los audios filtrados preguntando a Raúl Fernández Lippmann (detenido en Tacumbú) la filiación política de un juez. También operó para que el contralor Enrique García no sea imputado.

En su nota a fiscalía, el senador Ferreiro admite haber conversado en varias oportunidades con Fernández Lippmann, cuando este era el todopoderoso secretario del entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento, senador Óscar González Daher (ANR, cartista).

Ferreiro había dicho en declaraciones a la prensa que solamente “averiguó” sobre un caso judicial. En el audio, se escucha que pregunta sobre un juez y Fernández Lippman le dice que el mismo es “conversable”.

El legislador alude en su presentación a declaraciones del senador colorado Eduardo Petta, quien había dicho estar impulsando una investigación sobre la posible vinculación del legislador de AP con el delito de tráfico de influencias que surgiría de las conversaciones.

El senador Ferreiro niega haber solicitado dinero u otro tipo de beneficios para él o para otros en estas conversaciones con Fernández Lippmann. Igualmente, sostiene que no habló nunca con algún magistrado para influir en sus decisiones.

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Sin embargo, señala que las acusaciones realizadas por el senador Petta, “más allá de cualquier consideración política”, son graves y merecen una investigación de oficio de la Fiscalía.

En su escrito, Ferreiro pide, como diligencias, los informes que tenga el Jurado de Enjuiciamiento sobre los expedientes que haya manejado la jueza María Angélica González de Bonzi, quien es la que estaría vinculado al audio en el que se escucha al senador opositor.

Asimismo, solicita informes a dos bancos privados sobre el movimiento mensual de cuentas de las que es titular.

Plantea declaración testimonial de la periodista Mabel Rehnfeldt y de los camaristas Carmelo Castiglioni, Alejandrino Cuevas, Lineo Insfrán, Marcos Riera Hunter, Óscar Paiva Valdovinos y Valentina Núñez. También la de los fiscales Nadine Portillo y Leonardi Guerrero. Los camaristas tuvieron a su cargo el caso que salpicó al actual contralor y exasesor jurídico de la Comuna Enrique García, quien no apeló un fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur.

La fiscala Portillo tenía la investigación penal, que ahora está con Guerrero.