La falsificación de documentos es un delito de acción penal pública y el Ministerio Público es responsable de investigar el hecho punible.
El 18 de febrero último el Grupo Favero y los esposos Raiter firmaron un acuerdo para desestimar acciones judiciales.
Los Raiter denunciaron a las escribanas Nélida Chávez y María Teresa Rodríguez por falsificación de sus firmas, lo que habría permitido montar hipotecas por 23 millones de dólares, en favor del Grupo Favero.
El grupo empresarial, por su parte, embargó bienes e inmuebles del matrimonio en procura de cobrar esos 23 millones de dólares.
Al final, el 18 de febrero pasado el Grupo Favero aceptó devolver a los Raiter todas las hipotecas, pagarés y prendas que fueron objeto de denuncia penal.
La cláusula doce del acuerdo expresa: “Las partes acuerdan que la firma Agro Silo Santa Catalina se obliga a la devolución de todos los pagarés que posee en su poder, atribuidos a los esposos Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter”.
El acuerdo de desistimiento se encuentra en la carpeta fiscal y este documento fue utilizado por el agente fiscal José Martín Morínigo para solicitar el desestimación de una investigación penal a la escribana Nélida Chávez de González.
El acuerdo incluye en forma detallada todos los pagarés, montos y fechas de vencimiento que supuestamente firmaron los Raiter.
Teniendo en sus manos la documentación detallada de cómo se habría llevado a cabo el delito de falsificación, el fiscal José Martín Morínigo optó por librar a la escribana Nélida Chávez de una posible imputación y eventual juicio oral.
El Grupo Favero quedó en ridículo: devolvió documentos que habrían sido falsificados, que intentaba cobrar por vía judicial, por un total de 23 millones de dólares.
Todo indica que sí habría existido la falsificación y que el acuerdo se firmó solo para salvar a la esposa del senador. Y el fiscal se prestó a brindar impunidad.
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