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El viernes 22 de diciembre pasado la Fiscalía presentó acusación en la causa abierta tras los audios filtrados por ABC Cardinal.
La conclusión de la investigación sostiene que el exsenador Óscar González Daher y Raúl Fernández Lippmann tenían la finalidad de lograr beneficios económicos derivados de la influencia que ejercían sobre jueces y fiscales. Para tal objetivo se valían de Carmelo Caballero Benítez, quien en su profesión de abogado captaba clientes con la promesa de resultados en los procesos judiciales, amparándose en la injerencia de Fernández y González Daher sobre los magistrados.
Cómo operaban
En la causa Electrofácil el 1 de septiembre de 2017 Caballero, defensor de Luis Saguier Blanco, se presentó ante la entonces fiscala Teresa Rojas, a quien la amenazó con conseguir su destitución en el Jurado, debido a sus actuaciones en la causa contra su cliente, relacionadas al perjuicio que habría ocasionado al patrimonio de la firma comercial.
Sin embargo, dos semanas antes, el 17 de agosto, Raúl Fernández Lippmann en su calidad de secretario, de común acuerdo con el entonces titular del JEM, González Daher, firmaron una providencia por la que iniciaban una investigación de oficio a la fiscala Teresa Rojas.
El Ministerio Público indica como prueba de ello el extracto de cruce de llamadas de ese día, que demuestra que se realizaron varias llamadas entre Fernández Lippmann y Carmelo, por lo que mencionan que el exsecretario medió ante su superior para iniciar la investigación.
También la fiscalía presenta el considerando de fecha 6 de febrero por el cual la nueva administración del Jurado resolvió no hacer lugar al enjuiciamiento de Rojas, debido a que la investigación fue iniciada sin motivación alguna.
En total, en el 2017 existen 547 llamadas entre Fernández Lippmann y Caballero Benítez, lo que confirma el vínculo entre ambos.
Caso Walberto Zárate
Otra causa que se cita en la acusación es la del pedido de Ministerio Público de allanamiento e incautación de vehículo automotor (retroexcavadora) que estaba en la propiedad de la empresa denominada “El Farol” a cargo de Adelaida Cañete.
La Fiscalía sindica al exsenador recluido actualmente en la Agrupación Especializada de intervenir en el expediente a favor de Walberto Zárate.
Con esto logró que la jueza de garantías de Ybycuí, Adriana Pedretti, le entregue de manera ilegal a Zárate en calidad de depositario judicial la retroexcavadora, contrariamente a lo establecido en el artículo 197 el Código Procesal Penal, ya que ambas partes peticionaban la entrega del bien, lo que obligaba a la magistrada a la instrucción de un incidente que debería ser resuelto por cuerdas separadas. Esto se confirma con el extracto de llamadas de González Daher y la jueza, más el informe de auditoría de la Dirección de Auditoría de Gestión de la Corte.
Jorge Oviedo Matto
Con la declaración de la fiscala Casse Giménez y del asistente Fermín Bogado, más el extracto de llamadas salientes y entrantes remitidos por las telefonías el 1 de agosto del 2017, se comprobó la comunicación entre el exsenador Jorge Oviedo Matto y la referida agente fiscal.
Se sostiene que en una reunión en la oficina del entonces legislador, este le pidió la suma de 10.000 dólares o 5.000 dólares a cambio de conseguir la sanción de la fiscala Karina Giménez, denunciada por el asistente de Casse Giménez.
El juez Rolando Duarte fijó para los días 25, 26 y 27 de febrero la audiencia preliminar para los acusados.