Acusaciones mutuas dificultan lucha para recuperar fondos de la Cajubi

No se queda atrás

Por su parte, el actual Consejo de la Cajubi, e incluso algunos de los abogados intervinientes, tampoco ahorran epítetos para sugerir, en voz baja, que les enviaron intermediarios para pedir porcentajes, y que ese es el motivo real de la rescisión del contrato.

Es tal el entrevero que el Consejo de la Cajubi decidió presentar el próximo lunes una denuncia penal contra Ayala, director jurídico de Itaipú. La decisión fue tomada en plenaria realizada ayer en el Centro de Visitas de Itaipú, en Hernandarias.

“Estamos recibiendo un ataque feroz por parte del Dr. Eusebio R. Ayala, quien había dicho que el contrato con el abogado Rafael Fernández orilla la ilegalidad”, dijo el Abog. Adelio Aquino.

“No sabemos a quién responden estas nuevas autoridades de la entidad al pretender dejar sin efecto la contratación del equipo jurídico que habíamos designado. Este equipo consiguió en poco tiempo lo que nunca se había intentado, tenemos a gente imputada, el fiscal Alegre, quien cajoneó durante tanto tiempo el caso, hoy nuestro equipo jurídico consiguió que renuncie incluso a la fiscalía”, agregó.

Por si faltaba algún aditamento más, el extitular del Steibi Tomás Rafael González Mir, exconsejero de la Cajubi, presentó ayer una denuncia contra los consejeros de la entidad por avalar el contrato millonario con el abogado Fernández.

González Mir, extitular del sindicato Steibi, fue también consejero de la Caja. De hecho, es uno de los que el 29 de octubre de 2009 autorizaron a contratar a una empresa canadiense denominada Managed Portfolio Corp., del guatemalteco Eduardo García Obregón (autor del blog “El Engaño Guaraní”).

La firma fue contratada por casi 3 millones de dólares canadienses, supuestamente para recuperar otros fondos que ya estaban perdidos. Al final, no pasó ni lo uno ni lo otro.

El dinero que tenía que recuperar Managed fue entregado a otra firma canadiense: Columbus Capital Corp., que recibió 7.400.000 dólares canadienses de la Caja de Jubilaciones de Itaipú.

En Columbus estaba Tony Duscio, anterior socio comercial de García Obregón en la empresa Universal Settlemens International, actualmente en convocatoria de acreedores, que tiene en su poder otros 9.480.000 dólares de Cajubi.

Insólitamente, la empresa Managed Portfolio autorizada por González Mir era la que recibía los extractos bancarios en representación de la Caja, por autorización del consejo del 2007, época donde estaban todos los ahora procesados: Víctor Bogado Núñez, Mariano Escurra, Walter Delgado, Félix Villamayor, Aurelio Sosa, Cesar Bejarano, Pabla Mieres, José Szwako, Ricardo Pereira y José Alonso.

Síndico era Édgar Mengual Herken. La historia es peor aún. En noviembre de 2009 dos jubilados tomaron conocimiento de que una auditoría ya adelantaba los primeros hechos punibles del vaciamiento. Fue entonces que Adelio Aquino y Julio Ruiz denunciaron ante la fiscalía la existencia de indicios de hechos punibles.

Ante la denuncia, lejos de investigar más exhaustivamente, los entonces consejeros decidieron pedirle plata a Carlos Mateo Balmelli y a su director jurídico Eusebio R. Ayala (hoy de nuevo en el cargo) para defenderse ante la justicia.

Lograron una autorización de G. 850 millones, y uno de los que pidieron este dinero fue el entonces consejero González Mir, extitular del ya citado poderoso sindicato de Itaipú.