“A fin de facilitar la sana competencia entre la mayor cantidad de oferentes se debe reducir los requerimientos de capital y disponibilidad, ya que de proseguir estas exigencias quedarían sin la posibilidad de competir 28 empresas”, señaló Panal de Seguros en la protesta que hizo ante DNCP.
Por su lado, Patria de Seguros apuntó “que las exigencias técnicas y económicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, en realidad no apuntan a contratar a una empresa aseguradora sólida y solvente, sino que hace presumir la creación de un escenario propicio para cercenar la posibilidad de participación de varias empresas”.
El principal cuestionamiento, sobre todo de Patria de Seguros, es que llamativamente en la convocatoria del año pasado, la Corte aumento el informe sobre el capital de las firmas interesadas de tres a cinco años.
“El pliego de bases y condiciones debe ser modificado en el sentido de que la convocante aplique la ley y en consecuencia redacte la exigencia económica con la mayor amplitud posible, estableciendo el criterio aplicado al PBC del año 2015 sobre el capital social de los últimos tres años y dar oportunidad de participación a la mayor cantidad posible de oferentes”, resaltó Patria.
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Los argumentos esgrimidos por Patria convencieron a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que ordenó a la Corte reformular el PBC, en lo que respecta al capital social de las empresas. Es decir, bajar la exigencia de 5 a 3 años.
Según fuentes judiciales, mediante esta licitación presuntamente amañada, algunos ministros de la máxima instancia judicial pretenden favorecer a ciertas y determinadas empresas.
El seguro contra todo riesgo del Poder Judicial hace varios años está a cargo de La Consolidada de Seguros SA, Aseguradora Yacyretá y Patria SA de Seguros.
Consejo de Administración
El proceso licitatorio está a cargo del Consejo de Administración del Poder Judicial que está integrado por los ministros Alicia Pucheta y Raúl Torres Kirmser y los consejeros Roberto Torres, Luz Antúnez, Edward Vittone y Alberto Martínez. Los cuatro últimos entre sueldo y gastos de representación perciben más de G. 36 millones mensuales, ganan casi igual que los ministros del alto tribunal.
El monto del llamado para el seguro contra todo riesgo es de casi US$ 2 millones, monto que genera fuerte disputa que llegaría incluso en la Corte Suprema.
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