De esta manera Machuca salvó la negligente acción de la fiscala Victoria Acuña, quien presentó fuera de plazo su acusación contra Fernández Lippmann.
El exsecretario del JEM fue acusado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias en calidad de autor y el magistrado Julián López fijó como fecha de la presentación de la acusación el 29 de diciembre de 2018, sin embargo la fiscala Acuña recién presentó su escrito el 4 de febrero de este año.
Para salvar el error se corrió vista a la Fiscalía General del Estado para que presente un escrito conclusivo y así lo hizo la fiscala Soledad Machuca, quien argumentó que existen elementos que demuestran que Fernández Lippmann poseía un patrimonio neto de G. 1.400 millones y no concordaba con el salario que recibía en el JEM que era de G. 21.534.073 por mes.
Esta investigación derivó del proceso que se abrió en diciembre de 2017 cuando salió a luz el caso de los audios filtrados del JEM en que se demostraba cómo el entonces presidente de ese órgano Óscar González Daher y su secretario Raúl Fernández Lippmann manejaban la justicia a su antojo. También se pudo notar que el funcionario tenía ingresos muy elevados que no coincidían con su salario.
Ahora con la acusación queda a cargo del juez Julián López fijar la fecha para la realización de la audiencia preliminar donde se decidirá si el caso es elevado o no a juicio oral tal como requiere el Ministerio Público.
Privilegio
La ley prohíbe que se otorguen medidas alternativas en los casos en que la expectativa de pena supera los 10 años de cárcel, y este es el caso del enriquecimiento ilícito, uno de los hechos que se le atribuyen a Raúl Fernández Lippmann. Sin embargo, la fiscala Victoria Acuña no se opuso a que su procesado sea beneficiado con el arresto domiciliario. Es más, se dio a entender que se le daba ese privilegio porque iba a colaborar con la investigación.
Sin embargo, el abogado Álvaro Arias, defensor de Fernández, negó que su cliente se haya prestado a ser testigo de la fiscalía.
Otro hecho llamativo fue que la fiscala presentó la acusación casi dos meses después de vencer el plazo.