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Admiten irregularidades en varias instituciones públicas

Este artículo tiene 13 años de antigüedad
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Aunque el presidente Federico Franco ha señalado en varias oportunidades que en su gestión no se amparan hechos de corrupción, el examen realizado a varias instituciones por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) detectó diversas irregularidades, que afectan a la administración del actual mandatario. Algunos casos serían elevados al Ministerio Público.

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El resultado de la auditoría realizada a algunas instituciones del Estado fue presentado por el excontralor general de la República Octavio Airaldi, en una conferencia de prensa. El informe escrito admite sin vueltas que “el desbordante nivel de corrupción que corroe despiadadamente nuestra sociedad, tanto en el sector público como en el privado, ha provocado un considerable impacto en la opinión pública, que se ha hecho escuchar a través de la prensa y de las redes sociales”.

Las auditorías hechas en el segundo semestre de 2012 afectaron a la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (Sicom), al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semilla (Senave), a Petropar, a la Secretaría Nacional de Cultura, al Incoop, al MOPC, a Copaco, a la Dinac y a la Armada Paraguaya.

En todas estas instituciones se registraron irregularidades de diverso grado.

Entre las auditorías que tuvieron alguna consecuencia, está la realizada a la Secretaría Nacional de Cultura, donde se detectaron pagos irregulares (ver cuadro) y, por autorización del presidente Federico Franco, se realizó una denuncia penal en la Unidad N° 8 de delitos económicos y anticorrupción del Ministerio Público.

Igualmente, en el MOPC, las irregularidades detectadas (ver cuadro), referidas especialmente a presentación de declaraciones juradas falsas, motivaron la intervención de oficio de la fiscala Claudia Criscioni.

Otro caso especial es el de la Dirección Nacional de Aviación Civil, Dinac. Se auditó una licitación para la compra de maquinarias para aeropuertos y se encontraron indicios de hechos punibles contra el orden económico y tributario, por diferencias en la declaración ante la Subsecretaría de Tributación.

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