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Agencia Nacional de Tránsito “blanquea” poder de Opaci

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La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial “blanquea” los “superpoderes” de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), que consiste en realizar varios cobros sin sustento legal a contribuyentes de todos los municipios.

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LIMPIO (Juan Jara, corresponsal). La Opaci, manejada por el clan Núñez, integrado por los hermanos colorados Óscar (diputado), Basilio (asesor político del presidente Horacio Cartes) y Ricardo (reelecto titular de la Opaci por otros cinco años), continuará con su chantaje y recaudación de millonarios recursos provenientes de los contribuyentes de las 250 municipalidades del país.

El Art. 30 de la Ley N° 5.016/14 “Nacional de Transito y Seguridad Vial” y crea la Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV) establece la creación de un registro nacional de licencias de conducir y antecedentes de tránsito, como órgano dependiente y al servicio de la institución estatal. Pero seguidamente señala que las funciones atribuidas por esta ley serán delegadas a la Opaci. Es decir, la entidad no gubernamental continuará con el “servicio público” de aprobar la expedición y renovación de registros de conducir, previo pago vía comunas de G. 20.000, según afirmó el director ejecutivo de la ANTSV, Justo Pastor Domínguez.

Domínguez, que coincidentemente ocupó el cargo de director de registros en la Opaci durante varios años, explicó que la legislación encarga esta tarea a la asociación “sin fines de lucro”, porque tiene la experiencia en esos trámites. Además, facilitaría la tarea en la implementación de la licencia unificada, que entra en vigencia desde el próximo 1 de abril, mencionó.

Agregó que dicha agencia está en plena formación y sería un caos crear una base de datos propia, “por lo que utilizaríamos la infraestructura de la Opaci. Una institución que desde 1979 está a cargo de los registros de conducir”, expresó.

Domínguez defendió los actuales cobros realizados por la Opaci como por ejemplo G. 20.000 por la expedición y renovación de licencias de conducir. Señaló que si existe un sustento legal, es el decreto presidencial N° 1.216/93, del 23 de noviembre de 1993.

Esta disposición presidencial establecía un arancel resuelto por la Junta Directiva de la Opaci por gastos administrativos y procesamiento de datos. Sin embargo, esta resolución era cuando la ahora ONG funcionaba como una oficina estatal, dependiente del Ejecutivo. Es decir, la Opaci utiliza descaradamente a su favor un decreto desfasado.

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