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Con esta decisión se dilata la apertura de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y se da una “manito” al político que fue denunciado por las abogadas Kattya González y Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
Las profesionales hicieron la denuncia con base en las publicaciones de ABC Color sobre el intento de despojo de tierras del Estado, para destinarlas al Hard Rock Hotel y Casino en Ciudad del Este, donde saltaron los bienes de Zacarías Irún y su esposa, la actual intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.
Espinoza explicó ayer que es la Contraloría la que tiene el deber constitucional de realizar exámenes de correspondencias de las declaraciones juradas de Zacarías Irún, que fue diputado suplente y dos veces intendente de Ciudad del Este. Además, su esposa es la actual intendenta y su hermano, Justo Zacarías Irún es gobernador de Alto Paraná.
El matrimonio ostenta un avión privado Beechcraft que costó cerca de US$ 170.000 (casi G. 948 millones), además de dos departamentos en Itapema, específicamente en Meia Praia con costos entre 1.000 y 5.000 millones de guaraníes cada uno, flota de vehículos de lujo, fiestas fastuosas y viajes exóticos de sus familiares por el mundo, entre otros bienes.
“Una burla”
Kattya González indicó que la remisión a Contraloría es una vergüenza y una burla. “La Contraloría no tiene potestad para investigar una denuncia penal, por ende, al igual que otros casos de denuncia por corrupción pública donde han actuado de la misma forma, lo que se pretende es ‘enfriar’ el ambiente y que esta denuncia tan grave sea archivada por la memoria colectiva. Lo que corresponde es abrir la investigación y pedir informe a la Contraloría”, criticó la abogada.