En su contestación, Pucheta –quien fue recusada por tener a varios familiares en la función pública y, por ende, en situación de dependencia del presidente Horacio Cartes– dijo que tal circunstancia no constituye una causal que obligue a que se separe del caso.

En este sentido, explica que en caso de que se presente una situación en la que algún familiar suyo sea parte de algún juicio, se apartará.

Ahora, el expediente está a cargo del presidente de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, quien es el último recusado que debe presentar su informe.

Contestadas todas las recusaciones, el secretario de la sala, abogado Julio Pavón, procederá a la integración de la sala para el estudio de dichas recusaciones. Para el efecto, será consultado en primer lugar el camarista Arnaldo Martínez Prieto, debido a que los magistrados que le anteceden ya se han apartado del caso.

Posteriormente, la consulta proseguirá con los integrantes del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, 4ª sala, integrado por Eusebio Melgarejo Coronel, Raúl Gómez Frutos y Antonia López y a los miembros de las salas siguientes.

Una vez definida la integración de la Sala Constitucional ampliada, esta deberá expedirse respecto a la admisibilidad de la acción, la viabilidad o no de la medida cautelar requerida y, finalmente, si conceden o no lo solicitado.

La acción, radicada el 30 de marzo, solicita a la Corte que declare sin efecto lo resuelto en la sesión por 25 senadores liderados por el vicepresidente segundo del Senado, Julio Velázquez.