Nada peor en una sociedad que la corrupción sin temor al castigo. La impunidad tiene como consecuencia la miseria social, política y económica.
Una vez que la corrupción se convierte en dueña y señora de una sociedad, el primer reflejo de descomposición es su clase política.
Ni siquiera se trata de “tener los líderes que se merecen”, porque en definitiva el comercio de votos en cada elección no hace otra cosa sino crear un sistema mafioso en que sectores sanos de la sociedad no tienen injerencia ni fuerza para combatirlo.
Cuando se habla de grupos mafiosos se asocia esta imagen con escenas de violencia extrema y no necesariamente es así.
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No se necesita matar para ser un mafioso. Un equipo de personas puede crear un sistema y una asociación destinados a cometer delitos; es un grupo mafioso. Quizás sean hombres prominentes en la sociedad o políticos de renombre, pero no por ello la actividad que desarrollan deje de ser mafiosa, cuando está asociada a graves actos de corrupción.
El problema de la impunidad
La Contraloría General de la República realiza con frecuencia auditorías e intervenciones en diversos organismos del Estado.
Buena parte de estos documentos constituyen verdaderas enciclopedias donde se refleja el nivel de corrupción que gira en torno a las entidades gubernamentales.
En algunas oportunidades sirven para lograr la destitución de funcionarios responsables de corrupción, pero en otras ocasiones no pasan de documentar robos.
Se tiene que esperar que algún fiscal de delitos económicos tenga tiempo para interesarse en la investigación, caso contrario no tiene mayor utilidad que ser una mera referencia de administración deshonesta.
En el Alto Paraguay, Pedro Martínez Segovia fue intendente municipal de Puerto Casado, y fue destituido del cargo al comprobarse responsabilidad en la malversación de 1.200 millones de guaraníes.
No devolvió un centavo y está viviendo tranquilamente en Puerto Casado sin que nadie lo moleste. No rindió cuentas del dinero. En una oportunidad, el sociólogo José Nicolás Morínigo, siendo senador, dijo: “Mi amigo Pedro Martínez Segovia es una víctima de ABC Color”.
En realidad, Puerto Casado fue víctima de la administración deshonesta de Pedro Martínez Segovia.
Otro tanto sucedió con Erasmo Rodríguez, exgobernador del Alto Paraguay, también destituido por malversación de fondos públicos. Según la Contraloría, es responsable de malversar 3.000 millones de guaraníes.
Tranquilamente toma tereré en el patio de su casa, en Puerto Casado, como si fuera un señor.
Suman y aumentan
Pedro Martínez Segovia, 1.200 millones de guaraníes; Erasmo Rodríguez, 3.000 millones de guaraníes; y se suma Raúl Lagraña, acusado de malversar 6.000 millones de guaraníes de la Municipalidad de Puerto Casado.
La totalidad de la malversación de tres personas supera los 10.000 millones de guaraníes en menos de 15 años.
Vienen otros montos “chiquitos”, como son los 400 millones de guaraníes de Justo Fernández Bauzá, quien utilizó dinero de los royalties de Itaipú Binacional para pagar salarios de los funcionarios de la Comuna casadeña, algo expresamente prohibido por ley.
Fernández Bauzá tiene todos los recibos firmados por los funcionarios, pero igual es responsable de malversación porque los royalties no se pueden utilizar para el pago de salario.
Políticos de Casado se llenaron los bolsillos vendiendo los trenes que llevaron combatientes paraguayos al frente de batalla, total “hierro viejo nomás es”, como si el país no tuviera historia.
Negociados en la gobernación
Raúl Lagraña tuvo cerca la oportunidad de presentarse en las internas coloradas para intentar la candidatura para la Gobernación del Alto Paraguay, con la chapa de Honor Colorado.
La publicación del informe de Contraloría le convirtó en un “problema” para el movimiento y al final lo dejaron de lado, luego de prometer respaldo.
El diputado José Chamorro fue el mentor de Lagraña, el mismo que controla la gobernación, cuyo titular actual es Justo Fernández Bauzá.
¿Alguna duda del porqué el Alto Paraguay es la región más pobre del país?
roque@abc.com.py
