El diputado ni siquiera está sujeto al proceso penal abierto por el Ministerio Público, debido a que el juez penal de garantías Gustavo Amarilla pidió su desafuero, pero esto nunca se trató en la Cámara Baja.
Ahora, el fiscal Igor Cáceres amplió su imputación como cómplice del cobro indebido de honorarios de los 262 “planilleros” de Puertos.
En esta ampliación también se incluyó al extesorero de la ANNP, Rubén Stockel Almada; Carlos Martín Figueredo, exgerente de la administración de Recursos Humanos; además de Silverio Olmedo Rejala y Josefina Derene Rodríguez, exjefes del Dpto. de Registro y Movimiento de Personal; y Eligia Amada Riquelme, exjefa de la Sección Jornal Obrero.
De acuerdo al escrito fiscal, ninguno de los “controles” de asistencia funcionó, debido a que aparecieron planillas con marcaciones de entrada y salida demasiado “perfectas”.
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Inclusive, el fiscal consigna en su imputación que el registro de control de marcación biométrica habría sido adulterado.
“Esta representación fiscal tiene la sospecha, que desde la sección de marcaciones y tarjetas se habrían adulterado las marcaciones de estos funcionarios, haciéndoles figurar con marcaciones perfectas, para que posteriormente puedan ser remitidos al Departamento de Registro y Movimiento de Personal para le elaboración de las planillas, y así poder percibir sus remuneraciones, aparentemente sin haber prestado servicio alguno a la institución”, dice el fiscal.
Según el representante del Ministerio Público, Nicora es cómplice del planillerismo porque autorizó el cobro de las remuneraciones de los contratados sin que estos hayan prestado servicio alguno en la institución. Además, porque no dispuso mayores controles de asistencia en la ANNP y de esta manera “facilitó a los contratados a cobrar remuneraciones estatales”.
El pago a los planilleros, quienes fueron igualmente acusados por cobro indebido de honorarios, causó un perjuicio de más de G. 600 millones a Puertos, gracias al desembolso que hizo el diputado Nicora para sus operadores políticos, que trabajaron en su campaña para legislador.
Acusación contra 105
El fiscal Igor Cáceres también acusó ayer a 105 imputados inicialmente, menos al diputado Fernando Nicora López Moreira, quien nunca fue procesado al no estar desaforado.
Según la acusación, unos 262 operadores políticos fueron contratados entre noviembre y diciembre de 2012, en plena interna del PLRA para las elecciones generales del año 2013 y Nicora los “colocó” en la ANNP, donde cobraban salarios sin trabajar.
De los 262, más de la mitad aceptó los hechos y ofreció reparar el daño, por lo que fueron beneficiados con la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento a prueba.