En el comunicado firmado días atrás por el presidente de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, también pidió a los directores que justifiquen la necesidad de la renovación contractual de los funcionarios. “Es a efecto de transparentar la gestión y optimizar los recursos asignados”, señala el escrito.

El análisis de los casos estará en manos del exfiscal Olindo López, quién a partir de ayer tomó el timón de la Dirección de Administración y Finanzas, tras la renuncia de Liliana Benítez de Gneiting, quien dio un paso al costado por las diferencias que mantenía con el vicepresidente de la institución electoral Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), quien está imputado por inducción a un subordinado a cometer hecho punible.

Nombrados

Bestard también pidió a los directores de área que remitan la nómina de funcionarios nombrados y contratados que perciben bonificaciones y gratificaciones, así como remuneraciones extraordinarias. Los pagos se realizarían conforme a la ley de presupuesto, su decreto reglamentario, y la reglamentación interna institucional, previa verificación de las funciones y los cargos desempeñados.

La definición de los casos se conocerá a principios del año próximo.

Según la Unidad de Auditoría de la institución electoral, en el órgano además de los 2.500 contratados, existen 4.500 nombrados que también son asignados a la sede central y a las oficinas de registros, juzgados y tribunales.